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Guardia Nacional: avances y tareas pendientes

Guardia Nacional: avances y tareas pendientes

Columnas miércoles 05 de mayo de 2021 - 01:00

Josué Ángel González Torres

Desde 2019, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) realiza un proyecto para analizar el impacto del despliegue de la Guardia Nacional en nueve estados, en los temas de seguridad, combate a la delincuencia organizada, migración y apoyo en tareas relacionadas con la emergencia sanitaria por COVID-19.

El trabajo de CASEDE es relevante en la medida en que realiza un estudio pormenorizado sobre el despliegue operativo, impacto en la incidencia delictiva, coordinación con autoridades estatales, acciones concretas en el combate a la criminalidad, percepción de la población sobre la institución y posible violación a los Derechos Humanos. Resalta el hecho que el impacto de la GN en los estados es diferenciado en aspectos fundamentales. Se retoman tres ejemplos: Guanajuato, Chihuahua y Puebla, los dos primeros con gobernadores de oposición y el tercero perteneciente al mismo partido que gobierna a nivel federal.

En Chihuahua se han presentado algunas desavenencias. Por ejemplo, en septiembre de 2020, se registró el incidente de la presa “La Boquilla” donde debido a la actuación de elementos de GN hubo desencuentros entre el gobierno estatal y federal. Asimismo, el gobernador Javier Corral se ha quejado del poco despliegue de GN en el estado, así como de su mala ubicación y de estar dedicada a actividades diversas que no se relacionan con el combate a la delincuencia organizada. Pese a esto, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, la incidencia delictiva disminuyó más del 10%, según los datos señalados. Actualmente se tienen desplegados más de 3,400 elementos y a finales de 2021 se espera contar con 11 cuarteles.

En Guanajuato también han existido desencuentros entre los niveles de gobierno, lo que ha impactado en la estrategia de seguridad. El gobernador Diego Sinuhé se negó sistemáticamente a participar en las Mesas de Seguridad coordinadas por el gobierno federal. En junio de 2020, el gobernador señaló que la FGR no atrajo la investigación de los familiares detenidos de José Antonio Yépez, (a) El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, por lo que se les dejó en libertad. Las relaciones entre gobierno estatal y federal mejoraron durante la segunda mitad del año, especialmente después de la captura de El Marro. La urgencia de estructurar una estrategia conjunta es porque Guanajuato registró la mayor cantidad de homicidios a nivel nacional en 2020, pues 17 de cada 100 se cometieron en el estado. Actualmente tiene más de 6, 600 elementos desplegados y 18 cuarteles.

Por su parte, en Puebla, se llevan a cabo las diariamente las Mesas de Seguridad con la participación de los tres niveles de gobierno en cada una las cinco Coordinaciones Regionales de GN, mientras que en la zona Metropolitana se cuenta con un acuerdo institucional para reducir la violencia y la delincuencia. Incluso de octubre de 2018 a agosto de 2020, se efectuaron más de 7 mil operativos. Esta coordinación ha tenido como consecuencia la reducción de la incidencia delictiva en el estado.

Sobre los aspectos destacables de GN, se encuentran que en prácticamente dos años y medio, tiene un estado de fuerza de 101,561 elementos, de los cuales 85% realizan actividades operativas. Se trata de la mayor cifra de elementos en una institución dedicada a seguridad pública en la historia de México.

Asimismo, se espera que a finales de 2021, tenga 278 cuarteles funcionando a lo largo del país, una tarea importante que no logró concretar la Policía Federal en su tiempo. También espera tener un nivel de reclutamiento de 50 mil elementos entre 2019 y 2021. Todos estos puntos son tareas titánicas que representan un esfuerzo institucional importante y que han sido desarrolladas en sólo tres años.

Sobre las principales críticas a la institución destaca el hecho que tiene un corte castrense al estar integrada fundamentalmente por elementos militares y con mandos operativos encabezados por la SEDENA, lo cual contraviene el artículo 21 de la Constitución Política del país. Asimismo, se le ha criticado por estar concentrada en tareas diversas y no enfrentar frontalmente al crimen organizado, tener mandos poco capacitados para el desempeño de funciones en seguridad pública y de carecer metodologías de trabajo sólidas.

Finalmente, el trabajo de CASEDE en comento nos permite analizar a un nivel de detalle superlativo las implicaciones del despliegue de GN en diversos estados, sus implicaciones políticas y sus resultados, lo que es importante para definir una política concreta en materia de seguridad para los próximos años.

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