Al acercarnos al probable escenario en el que los servicios de urgencias y cuidados intensivos se saturen con pacientes con Covid-19 se hace necesario comunicar y transparentar con oportunidad, exhaustividad y claridad los criterios que se usarán en cada hospital para decidir a quién se proporcionará una cama y equipos —como los ventiladores— y a quiénes no, pues es también previsible que no habrá capacidad para atender a todos.
En ese sentido, el Consejo de Salubridad General publicó el lunes la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica (http://www.csg.gob.mx) en la que explica quiénes y cómo van a decidir en cada hospital los pacientes que podrán ser internados para recibir atención y equipos en las unidades de cuidados intensivos.
Las decisiones no serán fáciles, pero tampoco se puede permitir la arbitrariedad. Se buscará —al menos en teoría es lo que se plantea—, que la decisión no se base en cuestiones como la nacionalidad, afiliación política, religión, si es cabeza de familia, el “valor social percibido”, nacionalidad o estatus migratorio, género, raza, preferencia sexual, discapacidad o capacidad económica del enfermo.
En la guía se explica porqué, llegado el caso, le retirarían un ventilador a quien tiene diabetes e hipertensión, por ejemplo, para proporcionárselo a otro, también en estado crítico, pero que no tiene enfermedades.
Incluso, si ambos pacientes no tienen comorbilidades, la decisión favorecería al más joven para salvar “una vida por completarse”; es decir, a quien no ha experimentado todas las etapas: infancia, adolescencia, edad adulta y vejez.
Tampoco bastará llegar primero al hospital para asegurar atención, y el personal de salud que atiende la emergencia (médicos, enfermeras, camilleros, terapeutas respiratorios, personal de mantenimiento que desinfecta las instalaciones, entre otros) tendrán siempre prioridad en la atención si enfermaran de Covid-19, pues su trabajo permite salvar un mayor número de vidas.
La decisión de negar, proporcionar o quitar una cama y un ventilador a un enfermo dependerá de una evaluación por puntaje diaria que harán los equipos de triaje (o triage) en los hospitales, pero exigirá un gran esfuerzo de comunicación y transparencia para que pacientes, familiares y sociedad sepan y entiendan los criterios que la respaldan.
Ante una emergencia como la que vivimos, dice la guía, “el objetivo de la salud pública es doble: tratar el mayor número de pacientes y salvar la mayor cantidad de vidas”, y esto último requiere “evaluar la posibilidad de que un paciente mejore y sobreviva, y el tiempo que dicho paciente utilizará los recursos escasos que se pueden reutilizar”.
El derecho a la vida y a la salud están garantizados por la Constitución para todos sin distinción, pero ante una emergencia como la pandemia también hay medidas excepcionales (igualmente previstas en la carta magna), que podrán generar mucha controversia y enojo, por ejemplo, cuando se opte “al azar” por decidir quién es internado en cuidados intensivos, o bien, ante su inminente muerte ofrecerle la opción de despedirse de sus familiares en una videollamada, por la imposibilidad de relajar las medidas sanitarias para que lo haga presencialmente.
Se han reportado agresiones dentro y fuera de los hospitales contra el personal de salud por familiares de pacientes internados, o por sus propios vecinos que temen ser infectados en sus domicilios. Actitudes que, en gran medida, son impulsadas por la ignorancia.
Las agresiones podrían escalar de no atajarse con procedimientos y acciones bien diseñadas y perfectamente implementadas cuando los hospitales se saturen y no haya capacidad de atenderlos a todos al mismo tiempo.
Especialista en transparencia y protección de datos.
@torresalex