Hablemos de la Reforma eléctrica y Derechos Humanos

Secretaria Nacional de Asuntos Ambientales de Movimiento Ciudadano.

La semana pasada inició el Parlamento Abierto para discutir la propuesta de reforma eléctrica impulsada por el ejecutivo federal. Funcionarios públicos, gobernadores, legisladores, empresarios y especialistas en la materia han presentado argumentos a favor y en contra de la reforma. Tres son los rubros en los que podríamos agrupar las posturas de los diferentes actores: 1) los efectos económicos de que la CFE sea nuevamente la principal empresa en la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica en el país, 2) la participación del sector privado en el Sistema Eléctrico Nacional y 3) el fortalecimiento de las energías limpias y renovables.

La construcción de una planta solar y plantas de gas natural apoyan el crecimiento de energías limpias, pero son insuficientes, actualmente el 67% de la energía eléctrica se basa en combustibles fósiles. Y ¿qué pasará con la inversión privada que se ha realizado durante los años anteriores?, ¿se cancelaran el 62% de la generación nacional por la anulación de los permisos?

Poco se habla de los impactos de la reforma en el medio ambiente y salud de las personas para la vida de quienes habitamos el planeta. Es sabido que el uso de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica contribuye a la contaminación del aire y el calentamiento global mediante la emisión de gases de efecto invernadero, la degradación de la capa de ozono y la lluvia ácida, siendo entre otros los daños comprobados. También tienen repercusiones directas en la salud y bienestar de las personas.

Por ello, el centro del debate debe ser priorizar los derechos humanos como son la protección de la salud, incluyendo el tener un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Además, el Estado mexicano debe cumplir con los compromisos internacionales en la reducción de emisiones de carbono. En el 2016 se ratifico ante la ONU el Acuerdo de París en donde nos comprometimos que para el 2024 el 35% de energía que produciría el país sería limpia, con acciones como estás estamos retrocediendo, perdiendo avances significativos e incumpliendo dichos compromisos.

Sin un enfoque orientado al respeto de los derechos humanos y sustentabilidad, la reforma eléctrica será una oportunidad perdida en la descarbonización del desarrollo nacional. La prioridad de esta debe ser impulsar la transición energética hacia una generación de energía limpia y con recursos renovables. Es cierto que en la actualidad dependemos de las centrales eléctricas de ciclo combinado y de las termoeléctricas, pero una visión de futuro nos debe llevar a invertir en energías renovables como la eólica, fotovoltaica y geotérmica con la participación del sector privado y gobierno