Hace 63 años aplicaron última pena de muerte 

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La tarde del 17 de junio de 1957 fue la última vez que se aplicó en México la pena de muerte a civiles. Ello ocurrió en la Penitenciaría de la Ciudad de Hermosillo, cerca del Cerro de la Campana y actualmente convertida en museo, donde dos infanticidas fueron llevados al paredón de fusilamiento.

De acuerdo con crónicas y notas de la época de los diarios sonorenses El Regional y El Imparcial, se ejecutó a Juan Zamarripa, quien cometió el delito de violación y homicidio en contra de la niña Ernestina Leyva, en el año de 1950, en la comunidad de Pótam.

El otro ejecutado esa tarde fue Francisco Ruiz Corrales, quien violó y estranguló a la niña María de la Luz Margarita Mendoza Noriega, quien tenía seis años de edad.

“Diez carabinas de manufactura estadounidense sobrevivientes de la Revolución estaban previamente cargadas para la ejecución a la cual solo asistieron funcionarios del gobierno de Sonora”, destacaron las crónicas periodísticas.

Las crónicas exponen que el asesinato de la niña Margarita conmocionó a los habitantes de la Hermosillo, ya que la menor vendía tomates en una de las principales calles de la ciudad y era conocida por muchas personas.

La última ejecución de civiles en México ocurrió bajo la administración del gobernador de Sonora, Álvaro Obregón Tapia, hijo del expresidente y revolucionario del mismo nombre. El juez Roberto Reynoso Dávila fue quien dictó la sentencia.

“Fusilaron a los dos Chacales”, publicó a ocho columnas el diario El Heraldo Yaqui, que agregó en su nota: la justicia de Sonora actúa sin contemplaciones y como sumario “Solo quince personas presenciaron la ejecución”.

El diario El Imparcial de Sonora publicó al otro día de la ejecución en primera plana: “Fusilan a los dos sátiros”. El gobernador del estado declaró que “se había escuchado al pueblo y ahora todos podían dormir con las puertas abiertas”.

Cabe destacar que posteriormente, el 19 de agosto de 1961, el soldado José Isaías Constante Laureano, de 28 años, fue fusilado al ser declarado culpable por insubordinación y asesinato, delitos castigados con la muerte por el Código de Justicia Militar vigente en ese entonces. Este fue el último mexicano, pero en este caso militar, que fue ejecutado con la pena capital.

En marzo de 2005. el Senado de la República derogó de la Constitución la pena de muerte, la mutilación, los azotes, los palos y el tormento. El 9 diciembre del mismo año, el entonces presidente Vicente Fox formalizó la eliminación de la pena de capital tanto en la Carta Magna como en el Código de Justicia Militar.