Con los recientes sucesos en torno a la selección de los candidatos para elegir a los impartidores de justicia el próximo junio, principalmente por la renuncia del comité de selección del Poder Judicial al verse entre la espada y la pared, y la controvertida decisión del Tribunal Superior de Justicia de que sea el Senado el encargado de terminar el proceso e insacular a los precandidatos a jueces y magistrados, los mexicanos de a pie, los que vamos a sufrir o a disfrutar la impartición de justicia bajo este nuevo paradigma de selección, deberíamos estar preguntándonos: ¿Realmente vale la pena realizar un proceso tan importante de esta forma tan atropellada? Podríamos apostar que la gran mayoría respondería que no, lo cual estaría respaldado por un razonamiento simple pero cierto: la elección de los jueces y magistrados, basada en un sorteo, no garantiza una mejor impartición de justicia; es, simple y sencillamente, un volado, uno con un alto costo social y económico.
Hoy en día, los ciudadanos ya han perdido la confianza en las instituciones. Cuestiones como las que se están viviendo en el proceso de selección de los impartidores de justicia, donde existe una confrontación real; no solo de criterios, sino también de intereses políticos y de poder, como se pudo observar en la confrontación de los líderes al interior del partido en el poder; no solo crean suspicacias y hartazgo, sino también desinterés en la participación, al ver que la participación ciudadana no es vinculante ni incide en las políticas públicas.
El Estado mexicano se está transformando. Muchos medios afirman que estamos en un proceso de retroceso al destruir las instituciones que se habían construido a lo largo de las últimas décadas, mientras que el oficialismo señala que todas las acciones que se realizan son para el bienestar de los mexicanos y para devolver la confianza a las instituciones, claro, siempre y cuando éstas respondan positivamente al interés del actual gobierno y sus representantes. Pocos, o muchos, se dieron cuenta de que durante la emisión de la mañanera se aplaudió el proyecto de sentencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, donde se ordenaba al Senado realizar la tómbola o sorteo de los que van a ser elegidos por azar para conformar las planillas electorales en el proceso de elección de jueces y magistrados de 2025, siendo un claro respaldo para la magistrada, cuestión que ha sido vista por muchos como una instrucción implícita para los demás ministros, aumentando la percepción negativa.
No es una cuestión menor la selección de juzgadores del Poder Judicial, porque el hacerlo con tanta premura traerá consecuencias a largo plazo. Es preciso que se tomen acciones que blinden no solamente al proceso en lo general de este 2025 y el de 2027, sino también al Poder Judicial en su conjunto, comenzando con un análisis preciso de cuántos jurisprudentes debe haber por cada cien mil habitantes, en un país que hoy enfrenta todo tipo de retos en el ámbito legal, los cuales van desde lo económico hasta los temas relacionados con la seguridad en su más amplio concepto. Hoy en día, el país no cuenta con los suficientes juzgadores y está por debajo del promedio internacional, lo que hace necesario que se inicie un proceso de reingeniería que permita, por una parte, la especialización y profesionalización de los jurisconsultos, y, de la mano, que éstos puedan ser elegidos a través del voto directo de los ciudadanos. No basta con tener un título y un promedio que avale un conocimiento; lo importante radica en la capacidad de aplicar las leyes bajo criterios y razonamientos certeros, que no tengan una desviación ideológica y mucho menos prejuicios institucionales.
Es por eso que, ante esta transformación eminente del Poder Judicial, nos guste o no, la participación de todos los sectores para perfeccionar las formas y darle fuerza al fondo del nuevo Poder Judicial es crucial. Todos los sectores deben participar con críticas constructivas y propuestas viables, que dejen atrás la improvisación y las prisas por sacar adelante un proyecto con tintes políticos más que institucionales.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC