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Integridad electoral y democracia

Integridad electoral y democracia

Columnas jueves 02 de julio de 2020 - 00:40

Como lo he argumentado anteriormente, integridad y corrupción son conceptos de filosofía política que residen en extremos opuestos. En términos médicos: si la enfermedad es la corrupción y la medicina es la anticorrupción, la salud es la integridad pública. Este y ningún otro es el nombre de la victoria en el combate al carcinoma.
En su expresión electoral, el concepto y la métrica de la integridad, ambos de muy reciente manufactura, digamos alrededor de 2012, avanzan por todo el mundo elevando los estándares tradicionales del ejercicio de la función comicial, fortaleciendo su credibilidad y garantizando sus componentes necesarios de ética pública. Estamos ante herramientas modernas concebidas para llevar a un estadio superior de legitimidad social y reconocimiento internacional a los procesos democráticos que dan origen, viabilidad, continuidad y renovación permanente a nuestros regímenes políticos.
La integridad electoral es, en consecuencia, resguardo amurallado de nuestros derechos humanos político-electorales, en especial el derecho al sufragio y los derechos de asociación y de participación en los asuntos públicos del país. Al acorazar de mejor manera estas prerrogativas ciudadanas, la integridad electoral es un bien público indispensable, aspiración para las democracias y fin último de la lucha contra la corrupción (y por la autenticidad) en la materia, para condenar a la infamia la pulsión simuladora y la obsesión autoritaria. Con este enfoque, si la integridad electoral es un deber de los órganos garantes, quizá es momento de empujar al legislador y a la jurisprudencia a considerarla como un derecho fundamental, exigible en tribunales.
Creo que estas son las premisas filosóficas subyacentes implícitamente enarboladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su extraordinario estudio reciente “Corrupción y Derechos Humanos. Estándares interamericanos”, en el que le dedica todo un capítulo al fortalecimiento de la institucionalidad pública y al papel que en ello desempeña el aparato electoral en especial, englobando en esa clasificación tanto a las autoridades de la materia como a los actores relevantes de la contienda: partidos políticos, movimientos ciudadanos y candidaturas.
El apartado que interesa se llama “Institucionalidad electoral y corrupción” en el que denuncia las formas de corrupción electoral más frecuentes, clasificándolas como distorsiones indebidas en el ejercicio libre, directo y secreto del sufragio pues corroen la legitimidad de acceso al poder de aquellas personas que llegan a posiciones electivas mediante dichas aberraciones políticas y artilugios post democráticos.
El texto llama a los órganos electorales a garantizar la máxima transparencia, velar por la imparcialidad y vigilancia, y combatir e investigar las faltas más graves. A mi parecer prefiere, para enfrentar esas dimensiones de la lucha, los modelos institucionales de corte autónomo, como los casos de Colombia, Ecuador y el INE de México, mientras que deplora casos como el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, sobre el que hace recuento de historias de terror antidemocrático que debemos condenar.
Continuaré.

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/CR

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