Jueces, castas y delirios

Con el último paquete de cambios constitucionales de AMLO, estamos en presencia algo que podemos llamar una reforma del Estado. Parte del problema es que las personas están acostumbradas a asociar la palabra “reforma” con “mejora” o peor, con “progreso”, un término de por sí complicadísimo. Pero no. Reformar es modificar, nada más.

México casi siempre se ha debatido entre su arreglo político formal, y su arreglo político material: se han alineado durante pocos años y nunca del todo; quizás los 18 años que van del 2000 al 2018, o incluso hasta este 2024, depende de los criterios que tomemos en cuenta. Es célebre el ensayo de Jorge Carpizo sobre las facultades metaconstitucionales del Presidente de la República. Y estaba en su libro de estudios constitucionales, porque sin importar lo que de ellas se pensara, más valía tomarlas en cuenta si se quería entender el Estado mexicano.

Lo cierto es que, si el gobierno de MORENA se tomó la molestia de cambiar la constitución agresivamente este último tramo del sexenio, es porque algún valor le da a la misma. De lo contrario, la dejaría como está y simplemente haría lo que quisiera, como tantos regímenes autocráticos a lo largo de la historia. Los detractores tienen además otro problema: insisten en que el gobierno está utilizando “la legalidad para acabar con la legalidad”, lo cual es impreciso en el mejor de los casos. El problema de quien eso piensa es que confunde legalidad con constitucionalidad, y olvida que la Constitución, a diferencia del resto de las leyes de un país, es un texto político fundamental y fundacional, además de ser norma jurídica. Y de nuevo, su visión presupone una posición pre- jurídica: una iusnaturalista, que sólo reconoce al derecho cuando este, materialmente, se ajusta a un orden axiológico preexistente y con contenidos específicos. ¿Cuáles? Pues los de ellos.

Por último, el hecho de que el cambio lo haya hecho un parlamento con mayoría calificada (dentro de la cual hay oportunistas, traidores, puros y arrepentidos, como en todas las mayorías), obliga a los analistas y a los empresarios a redefinir las categorías de democracia, sufragio efectivo, racionalidad gubernamental y papel del Estado, que tan fácil les permitían racionalizar sus amarguras los pasados 36 años. Además, obliga a las élites tradicionales a asumirse, abiertamente, como élite, cuyos intereses no coinciden con los de la mayoría en un país como este. El problema es que dejaron de estar conscientes de ello, y se asumían élite o pueblo a conveniencia. Cuando construyeron un sistema de castas a plena luz del día, en los fraccionamientos donde viven, en sus hospitales, en sus escuelas, se asumían como élite; pero se asumían como pueblo cuando atribuían, exclusivamente a sus propios méritos, su éxito económico, se quejaban del gobierno, evadían impuestos y despreciaban funcionarios, confundiendo “vivir del gobierno” con “trabajar en el gobierno”.

El mayor obstáculo para entrar al análisis y comprensión del proceso político actual es separar nuestros juicios morales y antipatías ideológicas para tratar de prever las consecuencias estructurales de las reformas. No es que no importen, o que no se tenga razón sobre ellos; es que, en esta dimensión de análisis, que pretende comprender y prever en lugar de lamentarse, no son relevantes. Y en ese sentido, el poder judicial llevaba décadas comportándose como una casta (uso el término con plena conciencia, como lo usa Dumont en Homo Hierarchicus), que impidió la rotación de las élites en ese ámbito, y sólo permitía el ingreso con criterios sociales o familiares, con todo y lo que se dice de la carrera judicial y el mérito y los exámenes y la matraca. Como los últimos zares de Rusia, que ni siquiera les enseñaban el idioma ruso a sus hijos, sino francés, los miembros del poder judicial se sentían por encima de todas las coyunturas y de todas las fuerzas. Estaban en un error, como cualquiera que crea una cosa semejante.

Luego de una época de fragmentación del poder, hoy hay una reconcentración. La primera fue reflejo de la falta de legitimidad del Estado, es decir, tuvo que cederlo, no fue una convicción democrática de nadie. La segunda es producto de lo contrario, una legitimidad presidencial que ha vuelto a tener una mayoría abrumadora, por la razón que se quiera (de nuevo, dejar nuestras consideraciones personales en la puerta). En un país donde hay cultura de la legalidad, las autonomías dan lugar a contrapesos; en donde no la hay, surgen señoríos feudales que no responden, efectivamente, a nadie, pero tampoco a la ética, ni a la ciudadanía, ni al interés público. Basta ver en lo que estaba convertida al COFEPRIS y algunos circuitos judiciales para ver un botón de muestra.

Creer que el poder judicial está “tomado” y que ahora ningún juez “actuará en favor de los particulares”, es confundirlo todo. Se debe distinguir entre normalidad jurídica y casos límite; se debe estar consciente de que el Estado frecuentemente actúa contra sí mismo, porque no es una voluntad monolítica; que de suyo los jueces penales tienen hoy una proporción de sentencias condenatorias superior al 90%. En fin, que se está contrastando un futuro apocalíptico (que no es tal) con un pasado de oro (que no existió). Así no se puede.

Finalmente, debe subrayarse que se dejó fuera un elemento central, que toca transversalmente la acción pública y que, seguramente, sufrirá alguna reforma los primeros años del nuevo sexenio: la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales (así, con minúsculas estas últimas).