Jurisdicción, ciencia y academia

La actividad jurisdiccional que realiza la mayoría de los tribunales en el Estado mexicano, lleva años desvinculada del conocimiento teórico y científico que se genera en las distintas escuelas, institutos, facultades o centros de estudio, situación que ha jugado en contra de una comprensión conceptual correcta y actualizada de los fenómenos que conforman el entorno en el que surgen y se desenvuelven las disputas o controversias que se llevan a los tribunales.

A estas alturas, para nadie debería ser ajena la tendencia de apertura que en los estados democráticos y constitucionales de Derecho está cobrando el vínculo plural, abierto, efectivo y directo entre los tribunales –especialmente los constitucionales-, la ciencia y la academia, ya sea en forma de pericial o de la figura de amicus curiae, y no solo con la ciencia jurídica, sino también con otros sectores de las ciencias sociales afines como la sociología, la antropología y la psicología, y con otras que si bien no pertenecen al conocimiento social, son muy relevantes en el ámbito de la valoración racional de la prueba de los hechos que, en su contexto, exigen a los tribunales echar mano de conocimientos sin los cuales no sería posible la adecuada solución de casos, tales como la medicina, la ingeniería o la biología, entre muchas otras.

Por otra parte, la actividad de la academia, que se guía por un rigor metodológico de análisis e investigación, se desenvuelve por lo general a través de análisis abstractos de la ciencia jurídica, situación que, en no pocas ocasiones, produce una perspectiva rígida sobre la actividad jurídica, especialmente la de juzgar y dirimir conflictos, y quizás en alguno de los casos, evite considerar importantes factores prácticos de previsibilidad que los tribunales toman en cuenta el ejercer su función. En este sentido, no cabe duda que para la academia sería muy útil también, conocer los caminos que se toman para construir, tras del telón formal, las decisiones de los tribunales, aún más cuando se trata de los fallos de los órganos de cierre del sistema judicial.

Para nadie es novedad afirmar que, en México, desde hace años opera un distanciamiento considerable entre la justicia, la academia mexicana y los distintos ámbitos científicos, distanciamiento que -propiciado por diversos factores- lejos de permitir un mejoramiento en el desarrollo de estas actividades, de manera que nos beneficie a todas y todos, ha provocado una división entre estos agentes de la sociedad tan importantes en el Estado mexicano.

Este distanciamiento no puede seguir latente, pues resulta evidente que el acercamiento y la colaboración entre la academia, la justicia y la ciencia, pueden generar importantes beneficios para la sociedad en su conjunto, pues la comunicación continua, la posibilidad de compartir visiones y experiencias, así como la construcción de proyectos que impacten de manera directa en una mejor impartición de justicia, son vehículos eficientes para generar una actividad conjunta caracterizada por la rigurosa honestidad intelectual y un mejoramiento constante en el desempeño de las tareas que a cada una corresponde.

La vocación académica y científica de la justicia en México tiene que revelarse más temprano que tarde, recursos y capacidades institucionales existen, lo que hace falta, como casi en todos los ámbitos de nuestro país, es la voluntad política de poner por encima de intereses y cálculos personales, el beneficio de la sociedad.