La Ley Malena deberá ampliarse a nivel nacional

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

La presentación de la Ley Malena en el Congreso de la Ciudad de México ha abierto el debate sobre la urgencia de desarrollar políticas claras y efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres, que no es un problema endémico de nuestro país; existe en muchos países del mundo. Miles de mujeres mueren cada año víctimas de la violencia, otras han sobrevivido incluso a los ataques con ácido, que arrasaron no solo sus caras y cuerpos, sino también destruyeron su futuro.

Este tipo de agresiones es uno de los modos más crueles de violencia contra una persona, que puede estar relacionado con un comportamiento machista de los hombres que pretenden tener sometidas a sus compañeras o bien puede ser motivado por cuestiones culturales, étnicas o religiosas. Actualmente, los ataques con sustancias corrosivas son delitos sin agravante de género en 25 de los 32 estados del país.

La Ley Malena está enfocada a prevenir y castigar estos ataques y apoyar a las víctimas con tratamientos psicológicos, pues luego de haber afrontado esta pesadilla –además de haber sido sometidas a cirugías reconstructivas durante muchos años por los daños causados en su cuerpo–, las mujeres permanecen con incuestionable temor e ideas suicidas.

La iniciativa presentada por la diputada Marcela Fuentes, de Morena –y que busca tipificar como un delito las agresiones a las mujeres con ácidos corrosivos–, provocó discrepancias entre los grupos feministas que acusaron al partido oficial de pretender politizar el tema, debido a que no fueron consultados para sumarse a la llamada Ley Malena, en homenaje a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos.

La propuesta también busca que la Secretaría de Salud integre un padrón de registros sobre incidentes con ácido y otras sustancias, que sirvan para producir cifras oficiales sobre este tipo de hechos de violencia.

María Elena Ríos, es una de las mujeres que ha buscado alternativas en todas las instancias judiciales para que se haga justicia y no ha cejado en su lucha, a pesar de que ha enfrentado la corrupción que impera en el poder judicial, tal y como quedó demostrado con el juez Teódulo Pacheco, quien concedió prisión domiciliaria a su agresor Juan Antonio Vera Carrizal.

Ante tal actitud, que provocó un rechazo unánime, el Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca (TSJO) revocó la resolución del juez, por lo que el imputado continuará en prisión preventiva oficiosa en el penal local de Tanivet.

Los ataques con ácido no son nuevos en el país; ocurren desde hace tres décadas. El primer caso ocurrió en 1988, y en los últimos 20 años, de acuerdo a los registros de la Fundación Carmen Sánchez –nombre de una víctima atacada en 2014–, al menos unas 30 mujeres han sido agredidas con el mismo modus operandi.

Investigaciones de grupos feministas revelaron que la edad promedio de las víctimas es de entre 20 y 30 años y en la mayoría de los casos, sus agresores fueron sus parejas o exparejas. Lo lamentable es que el 65 por ciento de los casos de ataques con ácido, quedan en la impunidad y sin reparación integral del daño. La CDMX, el Estado de México y Puebla son las entidades federativas en donde más se han documentado este tipo de hechos abominables.

El año pasado, el Senado aprobó por unanimidad castigar hasta con 22 años de prisión a quien agreda con sustancias químicas o ácido a otra persona. El dictamen avalado por los senadores establece que la pena aumentará a 21.6 años cuando haya una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza.

La minuta que debe aprobar la Cámara de Diputados, también contempla que el personal de salud notifique al Ministerio Público los casos de lesiones provocadas por agentes químicos que reciban para atención médica; además, el agresor o autor del ilícito tendrá la obligación de garantizar la reparación del daño integral, adecuada, eficaz, efectiva y proporcional a la gravedad del daño.

La mayoría de los gobiernos a nivel mundial condenan la violencia contra las mujeres, incluyendo las agresiones con ácidos o sustancias corrosivas. Hay leyes y regulaciones en muchos países para perseguir y castigar a los perpetradores de estos delitos. Además, también se están implementando medidas para prevenir estas agresiones, como la educación y la sensibilización sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres, así como el apoyo a las víctimas para ayudarlas a recuperarse y reintegrarse en la sociedad. Sin embargo, muchos países aún tienen un camino por recorrer en la lucha contra la violencia de género y la protección de los derechos de las mujeres.

En nuestro país, las autoridades están obligadas a garantizar justicia, restitución o reparación del daño a las víctimas y en las indemnizaciones se deben incluir los costos derivados de las cirugías reconstructivas, la atención psicosocial, médica, jurídica y de rehabilitación. Además de fortalecer el trabajo de prevención, control y sanción de este ilícito. También es indispensable la sensibilización y capacitación de ministerios públicos, fiscalías y servicios de salud.

Desde mi punto de vista, la Ley Malena que ha sido presentada por Morena en el Congreso de la Ciudad de México, deberá ser enriquecida con las propuestas y consideraciones de grupos feministas, que incorrectamente fueron excluidos del proyecto inicial, un plan que, más allá de colores, filias y fobias partidistas, por sus alcances para prevenir y castigar este tipo de ataques, tiene que ampliarse a nivel nacional. Es imprescindible.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM