La muerte de Iniciativa Mérida

La semana pasada, en entrevista con The Washington Post, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard sentenció que la Iniciativa Mérida “está muerta”. El canciller señaló que, a pesar de los 3 mil millones de dólares invertidos por Estados Unidos, la cifra de homicidios prácticamente se cuadruplicó desde el año 2007 que inició el programa de asistencia. Es una frase lapidaria y con un fuerte contenido de fondo.

Se trata de una declaración que clarifica la posición del gobierno mexicano sobre este esquema de cooperación, después de más de tres años que había una enorme incertidumbre sobre su futuro y prácticamente había quedado en un limbo. Esto marca un punto de ruptura en la relación entre los países en materia de seguridad y defensa.

Sobre el desarrollo de la Iniciativa Mérida, desde el acuerdo alcanzado entre los presidentes George Bush y Felipe Calderón en 2007, los recursos otorgados fueron asignados a la afectación de las capacidades de los grupos criminales y al financiamiento militar y policial por medio de equipamiento, entrenamiento e intercambio de experiencias. Durante este periodo también se realizaron un gran número de extradiciones de líderes criminales. Lo anterior evidentemente en congruencia con la estrategia de combate frontal a los grupos criminales.

Posteriormente, con los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto, su alcance se amplió al fortalecimiento de las fronteras para disminuir los flujos ilícitos de drogas, armas y efectivo, a la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, a esquemas de prevención y al aumento de las capacidades de gobiernos locales.

Durante su implementación tuvo resultados concretos, entre los que destacan el apoyo en la implementación del sistema de justicia penal, capacitación especializada a personal militar, de seguridad y de procuración de justicia, compra de aeronaves y equipos no intrusivos, obtención y capacitación de binomios caninos, implementación de exámenes de control de confianza a nivel nacional, acreditación de instalaciones penitenciarias y desarrollo de infraestructura, como telecomunicaciones. No es posible negar que inversiones correctas tuvieron impacto en el mejoramiento institucional.

Sin embargo, los detractores señalaban fuertes críticas. En términos de los objetivos centrales, ni se desarticularon grupos criminales ni bajó la violencia ni tampoco la producción de drogas a nivel nacional. Se planteó asimismo que carecía de una base constitucional o legal sólida, pues no contaba con un marco jurídico claro ni había sido aprobado por el Senado. No contaba con mecanismos de rendición de cuentas o fiscalización, por lo que no fue claro si las dependencias mexicanas federales y locales utilizaron la mayor parte de los recursos de manera adecuada.

Probablemente una de las críticas más fuertes era que la Iniciativa Mérida otorgaba recursos que no necesariamente eran significativos en comparación con el presupuesto del gobierno mexicano. En otras palabras, este esquema concedía en promedio 2% del presupuesto anual en seguridad y, como contraprestación, le permitía influir en la las políticas planteadas y obtener una gran cantidad de información.

Las declaraciones del canciller se suman así a una serie de desencuentros consecutivos en la relación bilateral. Basta recordar la caótica detención y liberación del General Cienfuegos, la regulación en la operación de agentes extranjeros en el país, el señalamiento del Comando Norte que 30% a 35% del territorio en México está controlado por el crimen organizado, por mencionar sólo algunos. Es importante cuidar que esta rispidez no llegue a un choque de trenes, evitar un escenario de enfrentamiento que puede ser desventajoso para el gobierno mexicano.

Queda claro que existen intereses y agendas entre los países que no terminan por coincidir. Aunque se vislumbra complicado en la presente coyuntura, también puede ser una puerta para abrir nuevas formas de cooperación bilateral hacia el futuro.