La política también mata

A la violencia que genera el narcotráfico por la guerra entre cárteles, sus masacres, ejecuciones y desapariciones, o la física, psicológica e intrafamiliar que padecen más de cinco millones de mujeres y los feminicidios, se suma la violencia política.

En días pasados, la consultora Integralia publicó un estudio sobre la violencia política en México de septiembre de 2020 a enero de este año. El análisis señala que en ese periodo hubo 73 incidentes de este tipo con 88 víctimas. Los atentados provocaron 64 muertes: 17 funcionarios municipales, 6 activistas, 5 funcionarios federales y estatales, 5 aspirantes a cargos de elección popular, 4 periodistas, 3 líderes partidistas, 3 expresidentes municipales, 3 legisladores locales, 2 presidentes municipales, 2 jueces, 2 funcionarios de fiscalías locales y 12 personajes de otra índole.

El estudio destaca los asesinatos del ex gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval y del diputado local y precandidato panista a la alcaldía de Juventino Rosas, Guanajuato, Juan Antonio Acosta Cano, así como el secuestro y muerte de la alcaldesa de Jamapa, Veracruz, Florisel Ríos Delfín, y del edil de Temosachic, Chihuahua, Carlos Beltrán Bencomo.

Por filiación política, el partido más afectado es Morena, seguido del PRI y del PRD. El mes más violento fue septiembre con 23 eventos y, de las víctimas, 76 son mujeres y 12 hombres. Los estados más afectados: Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Jalisco, Morelos, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Michoacán y Puebla. La mayor incidencia está en los municipios de Moroleón, Acapulco, Guadalajara, Culiacán, Tijuana, Cajeme y Ciudad Juárez. En febrero, aunque este periodo ya no entra en la investigación de Integralia, se conoce de cuatro eventos de violencia política contra ediles y candidatos.

En México, se ha recurrido históricamente a los atentados y el magnicidio para deshacerse de los contrarios, dar golpes de Estado o dirimir diferencias entre grupos políticos. El propio Porfirio Diaz sufrió un ataque fallido perpetrado por su propio compadre -el secretario de Gobernación-, en contubernio con el Jefe de Policía de la ciudad; recordemos los magnicidios de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón; la muerte del general Serrano en Huitzilac o la de los líderes sociales a lo largo del siglo XX.

En la historia reciente, se registra el caso de los cardenistas Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heráldez, ultimados el 2 de julio de 1988, cuatro días antes de las elecciones presidenciales donde participaron Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas. Se cumplen 27 años del artero crimen de Luis Donaldo Colosio y la teoría del asesino solitario.

Son innumerables los episodios de violencia política en nuestro país, a la que se recurre con más frecuencia y diverso origen. No solo es de orden político la causa de una eliminación, ahora también se suma el crimen organizado a la autoría de esas ejecuciones, ya sea porque las víctimas no aceptaron la complicidad o por incumplimiento de compromisos.

El incremento en la incidencia de este delito es inusual, lo que habla del mayor riesgo que actualmente representa el quehacer político. Independientemente del origen de la violencia, esa conducta social es signo de descomposición de un Estado de Derecho.

No se debe permitir el crimen en ninguna de sus manifestaciones, ya sea por actividades del crimen organizado, la violencia contra las mujeres o participar en lidies políticas o luchas sociales. En gran medida, la gobernanza depende de garantizar un mínimo de seguridad para la sociedad, sin importar la condición, sexo o actividad que se realice. Cobra mayor relevancia la violencia política, porque estamos en plena actividad electoral y, precisamente, el trabajo de la consultora Integralia tuvo como objeto de estudio el proceso que arrancó en septiembre. No permitamos que se convulsionen los comicios más grandes de nuestra historia con una jornada de sangre.