La privacidad en la comunidad escolar

Columnas miércoles 29 de julio de 2020 -

El próximo ciclo escolar impone el reto de conciliar el derecho a la educación con la protección de la salud, particularmente de los menores de edad. Es un reto que enfrentarán conjuntamente las autoridades educativas, los padres de familia y los alumnos. El coronavirus que ha provocado la pandemia más agresiva en un siglo moldea una nueva cultura del cuidado de la salud. Pero hay otro derecho que no debe quedar al margen en la estrategia gubernamental, como es la protección de los datos personales de niñas, niños y adolescentes, de sus padres de familia y maestros.

La Secretaría de Educación Pública emitió a principios de julio el “Protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad” con las medidas que adoptarán las escuelas para detectar probables casos de Covid-19. Con uno solo caso se cerrará la escuela, dijo el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, a supervisores del país al presentar el protocolo.

Tal y como se expuso en estas páginas, el protocolo impactará en la privacidad de los alumnos, padres de familia, maestros, trabajadores y directivos de los planteles (véase “Un protocolo que olvida la privacidad”, el 15 de julio, en https://bit.ly/32YG7lb).

Vale la pena revisar algunos aspectos del protocolo que implicarán el tratamiento de datos personales. Por ejemplo, es previsible que al detectar en alguno de los filtros (en casa, en la escuela y en el aula) a un alumno o profesor con síntomas de Covid-19 sea remitido a un centro de salud para su valoración médica, así como para su tratamiento y el de las personas que tuvieron contacto directo si se confirma como positivo.

El manejo de esta información sobre la salud de las personas exige las máximas medidas de protección porque son datos sensibles. Una medida que cuida la privacidad del enfermo es no revelar su nombre. La autoridad puede actuar en consecuencia sin divulgar qué alumno o profesor dio positivo. Si está previsto cerrar la escuela con un solo caso, no hay justificación para revelar el nombre del enfermo.

Será importante que la comunidad sea informada para que se practiquen las pruebas del coronavirus y se confinen, tengan o no los síntomas. El derecho de la comunidad a cuidar su salud implica ser informada de que estuvo en riesgo, pero ello no cancela el derecho del paciente con Covid-19 a la protección de sus datos.

En ese sentido, es importante que los “Comités participativos de salud escolar” previstos en el protocolo tengan la capacitación y sensibilización para actuar de manera responsable, objetiva y con sumo cuidado respecto de la información sobre la salud de algún miembro de la escuela para no vulnerar sus derechos.

El protocolo refiere también el cuidado de maestros en riesgo. Algunas autoridades educativas estatales han buscado desde hace algunas semanas identificar a maestros con una condición de salud que los haga más vulnerables al Covid-19. Para ello han recabado datos sobre su salud sin cuidar las formalidades para la protección de los datos, como tener el aviso de privacidad correspondiente.

El protocolo contempla apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Es deseable que la estrategia no se limite solo a cuidar la salud propiamente, sino también a generar una cultura de protección de la privacidad de cada integrante de la comunidad escolar, ya que al vulnerarse los datos de una persona se le expone a tratos de segregación, estigmatización, burlas, acoso o bullying, lo cual genera indiscutiblemente una afectación socioemocional en la persona.