La reforma a la reforma judicial y el blindaje electoral

Columnas lunes 25 de mayo de 2026 -

En febrero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de reformas constitucionales que, entre otros temas, planteaba la elección popular de jueces, ministros y magistrados. La iniciativa se justificó bajo una promesa difícil de rechazar: democratizar la justicia, combatir la corrupción, erradicar el influyentismo y el nepotismo. En septiembre de ese mismo año, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia de Poder Judicial.

El 1 de junio de 2025 se llevaría a cabo la primera elección judicial y todo el proceso que implicó produjo diversas dudas y cuestionamientos. Aspectos como la implementación, las candidaturas y los resultados generaron diversas críticas, no obstante, el procedimiento siguió su curso. La democracia, al parecer, también puede avanzar sin certeza pero sí con mucha fe.

De acuerdo con el diseño original de la reforma, la siguiente elección judicial se realizaría en la misma fecha que la elección intermedia. Esto volvió a encender dudas, no solo por la magnitud operativa de proceso, sino por los resultados que dejó el primer ejercicio y que los medios se han encargado de difundir minuciosamente: juzgadores que desconocen los procedimientos, conflictos internos, abusos de autoridad y renuncias. Esto solo muestra que la voluntad política no sustituye la capacidad técnica, sobre todo cuando de impartir justicia se trata.

Lo observado era tan crítico que miembros de la Cuarta Transformación, que en su momento defendieron la reforma a capa y espada, impulsaron una iniciativa para “corregir” sus fallas. Entre los cambios propuestos se encontraba aplazar la siguiente elección judicial. La propuesta no prosperó porque, según los propios morenistas, no había consenso.

Esta disputa de Morena contra Morena encontró una salida cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una propuesta para modificar varios puntos de la reforma original, entre ellos, que la elección judicial no fuera en 2027, sino que se aplazara a 2028. Aunque no se admita abiertamente, esta propuesta es un reconocimiento de que la reforma original tuvo fallas con costos políticos e institucionales. Se viene, entonces, la reforma a la reforma o dicho de otra forma, un ajuste técnico de aquello que hace poco se presentó como un cambio histórico.

Pero no es el único cambio que veremos. Aprovechando el periodo extraordinario del Congreso, se han incorporado dos iniciativas en materia electoral. La primera plantea anular elecciones por “intervención extranjera”; la otra busca evitar que personajes cuyos perfiles puedan representar riesgos lleguen a la boleta. En principio ambos objetivos parecen razonables, el problema, como suele ocurrir, está en el diseño, los alcances y la discrecionalidad con que podrían aplicarse.

Sin embargo, aunque exista oposición o una oportunidad de mejora, las reformas se aprobaran tal como se presentan, ya que ante la premura que exigen los tiempos electorales lo que ahora importa es materializar los cambios, no deliberar, y para eso sirven las mayorías, para hacer del proceso legislativo un mero formalismo y así cumplir el mandato presidencial.

Estas propuestas exhiben, nuevamente, un problema central de la 4T: su voluntad transformadora no basta, requiere capacidad institucional. Una mayoría que aprueba sin considerar otras voces termina corrigiendo sobre la marcha. Y cuando corrige demasiado pronto, confirma que el problema no son los conservadores, sino la mala ingeniería política.

Las reformas serán aprobadas, no hay duda, la mayoría lo permite. Lo que no se puede garantizar es que, como en otros casos, produzca el bien que promete, especialmente, si se sigue operando bajo la formula de primero transformar, luego revisar, después corregir y finalmente justificar el cambio. El detalle, aunque menor, es que en este camino de transformación todos salimos afectados.