La renovación del INE: ¿árbitros o correas de transmisión?

Columnas lunes 13 de abril de 2026 -

Este año marca el fin de un ciclo en el Instituto Nacional Electoral (INE). Tras nueve años de gestión, dos consejeras y un consejero se despidieron del Consejo General, el órgano superior de dirección de la institución. Aunque el relevo sigue un proceso constitucional que involucra a diversos actores, existen varios claroscuros que obligan a cuestionar: ¿estamos ante una renovación institucional o ante un intento de captura política?

De acuerdo con la Constitución la elección de los reemplazos se hace a través de un comité técnico de evaluación, evaluaciones de conocimientos y, la decisión de la Cámara de Diputados, particularmente, de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), su órgano de dirección política.

Hasta ahora, la “forma” del proceso se ha respetado: se dio a conocer la convocatoria, se integró el comité y se han realizado las evaluaciones de conocimiento para los aspirantes. Tras estas etapas se tienen 171 aspirantes: 87 mujeres y 84 hombres, esto luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechara varios juicios interpuestos.

Sin embargo, como dice el dicho, en política “el diablo está en los detalles”. Al observar el proceso a detalle y ver el fondo de cada etapa, asoman detalles que han hecho levantar a más de uno las cejas y las razones son varias.

Hay que ser claros: la renovación del Consejo General es un acto eminentemente político, pues la última palabra la tienen los diputados y los acuerdos de la JUCOPO. Si bien la existencia del Comité, como autoridad encargada de coordinar las diferentes etapas, debería servir como un blindaje contra la politización del proceso, lo cierto es que la realidad apunta a otra dirección.

En primer lugar tenemos que el comité desde su conformación fue cuestionado por su posible falta de imparcialidad. Esto por la cercanía de algunos de sus integrantes con los grupos de poder involucrados, lo cual ha restado credibilidad al proceso. A esto se suma la acusación de que algunos aspirantes, presuntamente, se identificaron como parte de grupos discriminados para así obtener ventajas competitivas. De confirmarse, estaríamos ante un uso perverso de medidas diseñadas para la inclusión, convertidas ahora en trampolines de privilegio.

Pero lo que más se ha cuestionado de lo que va del proceso, es el hecho de que varios de los aspirantes que pasaron a la siguiente etapa, muchos de los cuales tienen los mejores resultados en la evaluación de conocimientos, son personas ligadas no solo a partidos políticos, sino directamente al régimen actual o a personajes cercanas al mismo. Esta situación ha puesto en entredicho los principios fundamentales que deberían dirigir el proceso (imparcialidad, objetividad, certeza, equidad e independencia) así como el posible actuar de las personas que podrían ocupar el cargo.

Que haya partidos e intereses que impulsen a los aspirantes en inevitable y en cierta medida esperable por la naturaleza del procedimiento. Pero aun así debe haber una línea, aunque tenue, que se debe respetar: una cosa es ser una propuesta política y otra muy distinta es querer convertir a los futuros consejeros en voceros, en defensores de intereses particulares o, peor aún, en correas de transmisión del poder.

Permitir que el INE pierda capacidad su autonomía sería un retroceso histórico. Significaría echar a la borda años de trabajo, recursos e incluso vidas que quedaron en el camino. Estamos ante un momento coyuntural fundamental. Es imperativo que en el tramo final del proceso se privilegien el consenso, los acuerdos y el bien común sobre el cálculo electoral de cara a las próximas elecciones. La democracia mexicana no necesita empleados del poder, sino verdaderos árbitros que garanticen la ley.