La voraz destrucción de instituciones en México

La reciente declaración de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en donde anuncia la pretensión de transformar dicha institución a una “Procuraduría de los Pobres” en la que sus recomendaciones sean vinculantes, representa un gravísimo retroceso para la defensa de los derechos humanos en nuestro país. 

La CNDH, en efecto, tiene como antecedente más lejano la Ley de Procuradurías de Pobres de 1847, sin embargo, su evolución ha sido nutrida por otras instituciones valiosas en nuestra historia como la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1985, la Procuraduría para la Defensa del Indígena en Oaxaca en 1986, la Procuraduría Social de la Montaña en Guerrero en 1987 y la Procuraduría de Protección Ciudadana en Aguascalientes de 1988, entre otras. 

Dicha evolución, acompañada por la lucha de los gobernados, logró la consolidación de un organismo constitucional autónomo, encargado de la protección no jurisdiccional de los derechos humanos en el país. El reducir la misión de justicia aparentemente a “los pobres” y pretender ahondar en una narrativa polarizada, ignora los principios básicos y constitucionales de los derechos humanos como los son: la universalidad (con la debida construcción de diálogos interculturales para dotarles de contenido), interdependencia e indivisibilidad.

Lo anterior implica que los derechos humanos deben ser reconocidos sin importar la raza, preferencia sexual, edad, nacionalidad y situación económica, entre otros. Asimismo, debe reconocerse el vínculo que existe entre derechos humanos y políticas de desarrollo. De ahí que ya existiese una Sexta Visitaduría General en la CNDH, para desahogar quejas respecto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con miras a garantizar las necesidades elementales de las personas y alcanzar el máximo nivel posible de vida digna.

No obstante, lo más preocupantes es que se contemple que sus recomendaciones sean vinculantes. Además de los cuestionamientos que surgieron en cuanto al proceso de elección de Rosario Piedra como titular, en el Senado, la misma se ha desempeñado como secretaria de Derechos Humanos en el Comité Ejecutivo de Morena y fue candidata a diputada federal por ese partido en elecciones federales. Dichos factores cuestionan severamente su autonomía e independencia. 

La autonomía y credibilidad son requisitos sine qua non para el buen funcionamiento y el acatamiento de recomendaciones, no así la transformación a instrucciones vinculantes que sean cumplidas por mandato.

Con lo expuesto, no pretendo ignorar que las instituciones deban modernizarse y que deban tener un trato diferenciado respecto de personas en situación de vulnerabilidad, pero es gravísimo que exista una voluntad de dinamitar en lugar de transformar, de borrar en vez de comprender instituciones que no han sido producto de ocurrencias de presidentes anteriores, sino de conquistas del pueblo, ese mismo al que claman querer defender.