El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene muy claro el nivel de respeto a los derechos humanos que se vive en el país. La embajada estadounidense hizo un diagnóstico sobre el tema, y lo vamos desmenuzando aquí en Sociedad.
La ley mexicana prohíbe el arresto o la detención arbitraria y establece el derecho de cualquier persona a impugnar su legalidad ante un tribunal; sin embargo, el gobierno ha incumplido con estos requisitos.
La Constitución permite que cualquier persona arreste a otra, si el delito se comete en su presencia. No se requiere una orden de arresto si un funcionario tiene evidencia directa sobre la participación de una persona en un delito, como haber sido testigo de la comisión de un delito.
En un informe reciente, un grupo de expertos de México Evalúa determinó que el 90 por ciento de todos los arrestos caían dentro de esta categoría. La fianza está disponible para la mayoría de los delitos, a excepción de los relacionados con el crimen organizado y un número limitado de otros delitos.
En la mayoría de los casos, la ley exige que los detenidos comparezcan ante un juez para una audiencia de custodia dentro de las 48 horas posteriores al arresto, durante la cual las autoridades deben presentar pruebas suficientes para justificar la detención. Este requisito se incumplió en todos los casos, particularmente en las zonas remotas del país.
Algunos detenidos se quejaron por la falta de acceso a familiares y abogados, después de que la policía mantuviera a las personas incomunicadas durante varios días y realizara arrestos arbitrarios sin orden judicial. En ocasiones, la policía no facilitó a los detenidos acceso a un abogado durante los arrestos, tal como dispone la ley.
Las denuncias de detenciones arbitrarias persistieron durante todo el año pasado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria y las ONG expresaron su preocupación por la detención arbitraria y la posibilidad de que conduzca a otros abusos contra los derechos humanos. Entre enero y agosto la CNDH registró 123 denuncias por detenciones arbitrarias.
El 21 de julio en la ciudad de Mérida, Yucatán, policías municipales detuvieron a José Eduardo Ravelo Echeverría. Según la madre de la víctima, lo interrogaron sin sospecha razonable, ni causa probable. Se informó que las autoridades torturaron y abusaron sexualmente de Ravelo.
Un médico forense de la Fiscalía General de Justicia confirmó que había sufrido abuso sexual. El 3 de agosto, Ravelo murió a causa de sus heridas. El 7 de agosto, el gobernador de Yucatán anunció la detención de cuatro policías, pero el 14 de agosto un juez los dejó en libertad por “falta de pruebas”.
Es de esta forma como ventilamos nuestras acciones de gobernanza al exterior, situaciones que consideramos domésticas pero que a nuestro vecino le importa porque comparte una buena parte de política, economía y seguridad.
Punto Cero
México ya cuenta con su primera criptomoneda: AxenCoin. Esta fue lanzada al mercado por Axen Capital, empresa de tecnología financiera con presencia en el país desde hace casi 5 años, cuando arrancó como fondo de inversión. Además de ser un instrumento de inversión, está pensada para hacer compras y pagos en distintos establecimientos, así lo afirmó Dante Eludier, CEO de firma.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz