Ley General de Archivos: entre el formalismo jurídico y el incumplimiento normativo

Columnas miércoles 26 de abril de 2023 -

La emisión, en junio de 2018, de la Ley General de Archivos, corona un proceso de larga data en la búsqueda por dotar a los archivos públicos de un marco jurídico regulatorio, con la mira puesta en propiciar su mejoramiento y modernización.

Muchos fueron los retos —y no menos las resistencias— que se tuvieron que enfrentar a lo largo de ese proceso, pues a pesar de que la actividad archivística es esencialmente técnica, su impacto en las instituciones adquiere una dimensión que rebasa ese carácter, en virtud de que la información documental en las instituciones se asocia al desempeño de la gestión pública, a la construcción de su memoria documentada, así como porque los archivos constituyen un recurso informativo esencial para favorecer políticas públicas de alto calado, como son las relativas al acceso ciudadano a la información, la transparencia y rendición de cuentas, la protección de datos personales, así como por la importancia que tienen los archivos para el pleno ejercicio de derechos humanos.

Es indudable, en este contexto, que la actividad archivística posee un alto estatuto administrativo y jurídico, que impacta también en la esfera de la política, haciendo absolutamente indispensable su regulación jurídica.

El largo recorrido que tuvo que seguirse para emitir la Ley General de Archivos fue largo y sinuoso, cubriendo al menos un período de más de cuarenta años. En efecto, desde mediados de la década de los setentas del siglo pasado, particularmente ante la creación del Sistema Nacional de Archivos (SNA) en el año de 1977, se buscó fortalecer, tanto en su estructura como jurídicamente, al Archivo General de la Nación (AGN), con el propósito de constituirlo como el órgano central y de consulta del Ejecutivo Federal en materia de archivos y como cabeza normativa del Sistema Nacional.

Gracias a este esfuerzo, fue posible emitir los primeros lineamientos para la organización de archivos y los relativos a la organización y coordinación del Sistema Nacional, centrados, ambos, en la idea de sacar a los archivos del ostracismo secular al que habían sido condenados durante décadas.

El conjunto de reformas, políticas y administrativas que por entonces se delinearon, incluyó a los archivos, revelando así una certeza indiscutible hasta la fecha: la modernización de los archivos pasa necesariamente por su vinculación con la propia modernización de la administración pública.

Los archivos se conciben así, no solo como “casas de la memoria”, sino, siguiendo a Karl Deutsch, como los “nervios de gobierno”, pues la información que en ellos se gestiona, hace posible las capacidades de respuesta organizada ante la sociedad.

Este cambio de paradigma de los archivos en la filosofía del ejercicio público, no fue, en modo alguno, armónico y lineal. El desigual desarrollo archivístico a escala nacional provocó la declinación del Sistema Nacional de Archivos. La carencia de una ley en la materia, sin duda, fue una de las causas de ese lamentable declive.

No fue sino hasta la emisión de la primera Ley Federal de Transparencia, hace casi 21 años, que se produjo un verdadero parteaguas en la archivística contemporánea, pues el derecho ciudadano de acceso a la información reveló que ésta, la información, se encuentra en los archivos, siendo necesario, por tanto, regular no solo técnica sino jurídicamente, su gestión y organización. El tema de los archivos, por vez primera, rebasó así el ámbito técnico para situarse irreversiblemente, en la mesa de las discusiones jurídicas y aún políticas.

A partir del intenso esfuerzo por transparentar el ejercicio gubernamental —también irreversible, aún con todas las resistencias que enfrenta hasta la fecha— puede decirse que los archivos redimensionan su importancia. Sendas reformas al Artículo sexto constitucional, sobre el derecho a la información, en el 2007 y el 2014, dan clara cuenta de ello, pues a partir de los mandatos de nuestra Carta Magna, se emiten, en primer término, la Ley Federal de Archivos (2012) y, posteriormente, la Ley General de Archivos (2018), misma que amplía el número de sujetos obligados, sienta un piso básico a nivel nacional para la organización de archivos y, sobre todo, otorga, finalmente, formalidad jurídica al Sistema Nacional de Archivos, potenciado sus capacidades para favorecer el desarrollo archivístico en todo el País.

Ahora bien, para culminar esta breve nota, ¿será suficiente contar con una Ley General para desarrollar armónicamente a los archivos de México, ante la permanente desigualdad existente entre los miembros del SNA? Desde luego que no.

Para ello, según nos parece, se necesita de al menos tres elementos esenciales: primero, un decidido impulso a una nueva cultura archivística que destaque su importancia en los sujetos obligados, como instrumento, memoria y recurso informativo para favorecer las políticas de transparencia y afines.

Segundo, que la estrategia de planeación del desarrollo archivístico que prevé la Ley, se lleve a cabo a partir de la inversión inteligente de recursos para el logro de sus objetivos y metas y, tercero, no hacer de la ley letra muerta que, en la práctica, la haga inviable, a fin de evitar lo que ya viene ocurriendo en un buen porcentaje de sujetos obligados: cumplir con ella solo para cubrir las formalidades jurídicas, práctica muy dominante y nociva que conlleva el grave incumplimiento de la normatividad que tanto ha costado a generaciones enteras.

José Antonio Ramírez Deleón. Consultor en Gestión de Documentos y Archivos. Exdirector del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación. Conferencista y autor de varios libros y ensayos en la materia.

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