Libertad de expresión y antiautoritarismo

Producto de los 300 años de colonia y de la inestabilidad de 100 años de consolidación nacional a lo largo del siglo XIX, los mexicanos del siglo XXI heredamos del siglo XX una incapacidad nacional para entender y aplicar los beneficios de la libertad de expresión.

La explicación detrás de estas dificultades es clara: por cerca de 400 años, México se consideraba a sí mismo como una Nación católica, intolerante a cualquier otra religión. La reforma a este dogma constitucional que explicó al México virreinal y que se confirmó en el mismísimo Plan de Iguala, documento fundacional del México independiente, se tardó casi medio siglo en ser abolido, por lo que sus efectos perniciosos nos siguen afectando hoy en día, en particular obstaculizando el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión.

La intolerancia a cualquier otra religión exige, necesariamente, la prohibición de ideas diferentes. Si pensar diferente está prohibido, se sigue que expresar ideas diferentes, también debe estarlo. Sin libertad de pensamiento, no puede haber libertad de expresión.

Dicho de otra manera, expresar críticas o visiones del mundo diversas a las que se siguen tras ser impuestas a la fuerza, es la semilla de la disidencia.

Si a lo anterior sumamos la inclinación de la religión católica a la verticalidad y al autoritarismo, las razones que causan la urticaria que produce en las autoridades mexicanas la libertad de expresión, se van dibujando con mucho mayor nitidez.

En efecto, quienes han ejercido el poder político en México, tanto a nivel estatal como federal, son herederos de la tradición cultural en la que se enmarcan las relaciones entre el poder y las personas, entre los que tienen poder y los que no lo tienen. En México es algo reciente en términos históricos la posibilidad de oponerse a lo que piensa el poder.

Por eso, no resulta sorprendente que en México exista la creencia extendida de que los funcionarios públicos tienen derecho a no ser criticados, de criticar a quienes los critican o de plano de buscar acciones compensatorias para resarcir supuestos daños causados por el ejercicio de la libertad de expresión. Por eso esa creencia es sobre todo respaldada por las autoridades.

Dentro del arco en el que en un extremo se encuentran los delitos de difamación y la autorización a inmunizar a las autoridades frente al pensamiento distinto y crítico, y en el otro se encuentra la más amplia libertad de expresión, opinión y pensamiento para criticar la labor de esas mismas autoridades, yo prefiero estar de este lado antiautoritario.

Creo que la persona que quiera ser servidora pública debe estar dispuesta a que su trabajo sea criticado radicalmente, porque detrás de la crítica radical a la función de gobierno, se encuentra siempre la posibilidad de entrever futuros alternativos y posiblemente mejores para el país. Cuatrocientos años de catolicismo blindado a otras ideas, no nos arrojaron un país más avanzado, tolerante, democrático y próspero. Esa es la lección que debemos aprender al callar a los disidentes y empoderar, incluso con la posibilidad de castigar a la disidencia expresiva, a los poderosos.