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Linchamientos, fracaso de las estrategias de prevención del delito

Linchamientos, fracaso de las estrategias de prevención del delito

Columnas miércoles 05 de octubre de 2022 -

En el Valle de México, las corporaciones policiacas no han podido poner un alto a la delincuencia.

Todos los días, los usuarios del transporte público enfrentan el despojo violento de sus bienes. Han fracasado los programas de prevención y, sin haber realizado un diagnóstico preciso sobre las fallas de la autoridad en materia de seguridad, se implementará –con apoyo de la Guardia Nacional y Ejército–, una nueva estrategia para tratar de inhibir ese delito.


No obstante, debido a la inoperancia del Estado ante la inseguridad y la ineficiencia del Poder Judicial, los afectados han decidido tomar la justicia en sus manos.

Como escarmiento y obligados por las circunstancias, en días pasados dos presuntos ladrones fueron linchados por vecinos de Ecatepec. Por ello, y obligados por las circunstancias, los gobiernos de la Zona Metropolitana han decidido ponerse de acuerdo para poner en marcha un plan contra robos y asaltos en el transporte público.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Edomex, en 14 municipios colindantes con la Ciudad de México se tienen identificadas nueve colonias limítrofes con alta incidencia delictiva, por lo que se desplegarán 200 policías estatales.
En la Ciudad de México se reforzará la vigilancia con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército en únicamente 44 puntos de Zaragoza y Ermita con el mayor número de denuncias. En el resto de las alcaldías aseguran que no es necesario, debido a que la incidencia de ese delito ha descendido en la capital del país.

Hace tres años se incrementó en 400 por ciento el estado de fuerza y se ordenó a los policías subir a las unidades de transporte para inhibir actos delictivos, mediante revisiones en paraderos apegados a protocolos de respeto a los derechos humanos. Alcaldías y concesionarios instalaron cámaras en los vehículos, que son monitoreadas por el C-5.

Sin embargo, analistas en el tema de seguridad señalan que no basta con sólo reforzar la vigilancia; se precisa de un análisis de la información georreferenciada para identificar los patrones de distribución del robo en transporte público –ya sea en metro, Metrobús o taxi, según las formas de movilidad disponible en cada ciudad–, además de definir los estándares de servicio y mejorar las condiciones del entorno.
Solo así, implementado nuevas medidas y con la coordinación de las corporaciones policiacas, se evitará la protección de los delincuentes y se logrará combatir ese delito que ha provocado un incremento preocupante en el número de linchamientos.

Aunque no existen estadísticas oficiales precisas, la organización Causa en Común ha contabilizado en los últimos dos años 92 linchamientos y 544 intentos de ajusticiamiento. Hasta el primer semestre de este año, Puebla y Tlaxcala tenían dos casos documentados, y son las entidades que encabezan este registro.

Para María Elena Morera –presidenta de la agrupación Causa en Común–, los linchamientos no pueden justificarse. “Se trata de actos de venganza por mano propia, porque la gente ya está harta de los robos y de que las denuncias ante el Ministerio Público no sean tomadas en cuenta. La gente se atreve a participar en esos hechos de violencia porque no pasa nada; nadie termina siendo procesado”, expuso.

Un análisis del Instituto Belisario Domínguez refiere que, si bien los participantes en linchamientos pueden ser acusados de diferentes delitos y alcanzar penas de entre 40 y 50 años, estos sucesos se siguen presentando en nuestro país, y en algunas regiones va al alza. Además, este tipo de actos de justicia por mano propia suponen un reto a las autoridades que deben procurar la justicia, ya que “las ejecuciones y los linchamientos se pueden catalogar como expresiones de la violencia social localizada.

En diversas oportunidades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado textualmente que los linchamientos o la justicia por mano propia reflejan la pérdida de valores y muestran la violencia extrema de aquellos que exigen justicia, pero se apartan de las normas de convivencia legales y actúan fuera del Estado de Derecho.

De ahí que –ante el comprensible hartazgo social por la inseguridad y la violencia–, resulta imperioso poner en marcha un programa integral, que efectivamente disminuya el número de asaltos y actos delictivos que han orillado a la población a emplear este tipo de acciones.

Los linchamientos son actos ilícitos y los mexicanos debemos rechazar cualquier expresión de violencia que atente contra los derechos humanos y afecte las instituciones democráticas.

Considero que la violencia colectiva –traducida muchas veces en brutales ejecuciones sumarias–, nada tiene que ver con la justicia; por el contrario, contribuye a debilitar aún más el acceso a la misma.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM


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/CR

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