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Lo confuso, profuso y difuso de los DH / II

Lo confuso, profuso y difuso de los DH / II

Columnas jueves 28 de mayo de 2020 - 01:20

Por Francisco Castellanos

Siguiendo el hilo de la columna anterior, el segundo problema que afecta la eficacia de los derechos humanos es la percepción que de ellos tiene el poder público.
II. El error en la percepción. En México, es común que las autoridades entiendan a los derechos humanos como meros límites subjetivos que les impiden producir privaciones, molestias o restricciones en las libertades básicas de las personas.
Este concepto produce un grave problema para la adecuada materialización de esos derechos porque las autoridades asumen una actitud negativa frente a éstos, es decir, su actuación se limita a no interferir en la vida de las personas, sin ir más allá.
Desde luego, la no intervención arbitraria es uno de los efectos de los derechos humanos, pero es el primario y básico, que se encuentra muy lejos de satisfacer el estándar de proactividad que el artículo 1 constitucional ordena a las autoridades desde 2011.
Actualmente, nuestra Constitución coloca a los derechos humanos como un sistema objetivo de valores —doctrina del Tribunal Constitucional alemán en Caso Lüth— que obliga a las autoridades legislativas y ejecutivas —también a las judiciales— a alinear el ejercicio de sus atribuciones, en lo formal y sustancial, a la satisfacción de esos valores.
Conforme a este paradigma de derechos, los poderes Legislativo y Ejecutivo deberían emitir leyes y políticas públicas no solamente para regular determinada materia, proporcionar servicios o solventar conflictos, sino para evaluar cuál o cuáles derechos fundamentales se verán impactados y, en ese sentido, ecualizar sus decisiones a la satisfacción de los mismos, a la par que cumplir con la finalidad del acto que emiten.
Ni qué decir en el ámbito de la actuación de las distintas administraciones en casos concretos de la ciudadanía, en donde desde hace décadas opera una completa escisión entre acto administrativo y derechos fundamentales. En este caso, predomina la idea de que la administración pública actúa de manera mecánica, burocrática y solamente para cumplir fines de interés público y orden social, pero aislada de todo derecho humano.
En el ejercicio del Poder Ejecutivo en los distintos niveles se ha olvidado que, en la mayoría de los casos, las decisiones de una administración afectan derechos humanos, por lo que la autoridad administrativa debería ser cuidadosa de no aplanar esos derechos y, en cambio, protegerlos, pues no solamente gobierna para la colectividad, sino también para la persona afectada.
Recapitulando, no hemos logrado que los poderes públicos conciban a los derechos humanos como un orden objetivo y coherente que debe ser presupuesto de su actuación. Mientras ese cambio no suceda, el artículo 1 seguirá siendo una carta de buenas intenciones.
He dejado fuera de este artículo a los órganos judiciales, a quienes dedicaré la siguiente entrega.

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/CR

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