Lo que comemos

Columnas miércoles 21 de octubre de 2020 -

En días recientes se desató una polémica en redes sociales por la actuación conjunta de la Secretaría de Economía del Gobierno de México y la Profeco, en la cual se anunció una medida administrativa poco aplicada en nuestro país, mediante la cual se ordenó impedir la comercialización de 23 productos denominados como “queso” y dos productos denominados como “yogurt natural”, que según la autoridad, no cumplen con la Norma Oficial Mexicana para su elaboración y, en consecuencia, su venta se lleva a cabo con información que puede inducir al engaño de los consumidores.

Una acción de esta naturaleza implica la mayor atención por parte de las autoridades, con la finalidad de generar confianza y la certeza en sus actuaciones, particularmente cuando se trata de productos que forman parte de los gustos y de los hábitos de consumo de la población.

Es innegable que, durante ya por lo menos dos años, en muchos temas y en diversas áreas de la vida pública, el manto de la corrupción y el influyentísimo de los gobiernos anteriores era el pan nuestro de todos los días, eso se tradujo en abusos y engaños en los contenidos y en la calidad de los productos que se ofertan para consumo, sin que las autoridades hicieran algo al respecto.

Algunos estaban acostumbrados a que una vez que la autoridad detectaba irregularidades en los productos, esperaban hasta la segunda verificación y entonces acudían a los tribunales para litigar la resolución, eran procesos que duraban años de litigio y con ello, sus productos se mantenían compitiendo en el mercado de manera desleal frente a los productos que sí cumplen con la norma.

Sin embargo, la nueva Ley de la Infraestructura de la Calidad, que entró en vigor el 1 de Julio de 2020, faculta a la Secretaría de Economía como una segunda instancia que evalúa los casos, después de la Profeco, y toma como medida el retiro de los productos.

Desde el inicio de la presente administración se han emprendido acciones a favor de los derechos de las y los consumidores. Cabe recordar que, en marzo de este año, la Profeco informó que el atún enlatado contenía soya en algunas marcas en bajo porcentaje, pero en otras llegaba a 62 % del contenido. Por ello, en conjunto con la Conapesca, se decidió actualizar la norma que entró en vigor el 18 de septiembre de 2020.

No se trata de una medida aislada, es, sin duda, parte de una estrategia de corto, mediano y largo plazo del Gobierno de México, que tiene como finalidad garantizar el acceso efectivo a diversos derechos fundamentales, como la alimentación, la salud y los derechos de las y los consumidores.