Los enjuagues: “¡Ahí está el detalle!” “Que no es ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario” Cantinflas

Adolfo López Mateos afirmaba que cuando uno es presidente en México, “durante el primer año la gente te trata como Dios y la rechazas con desprecio; en el segundo año te trata como Dios y no le haces caso; en el tercer año te trata como Dios y lo toleras con incredulidad; en el cuarto año te trata como Dios y comienzas a tomarlo en serio; en el quinto año te trata como Dios y no solo crees: lo eres”.

Este pasaje del expresidente, retrata con total pureza la esencia del presidencialismo en México. Donde “el jefe del Ejecutivo federal es, al mismo tiempo, jefe del Estado y jefe del gobierno. [Es decir] la dirección política del gobierno federal es determinada libremente por el presidente, con independencia del Poder Legislativo o del Poder Judicial: en este contexto, los colaboradores del presidente no son titulares del Poder Ejecutivo, sino auxiliares dependientes de su único titular, que es el presidente, quien tiene las más amplias facultades constitucionales para nombrar y remover libremente a sus inmediatos colaboradores”; pero el presidente también tiene facultades legislativas como el poder de proponer iniciativas y de veto.

Sobre este último privilegio del Ejecutivo, el veto del presidente es una facultad constitucional para hacer observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, obligando con ello a la repetición de los procesos legislativos, pero también puede ser usado para detener designaciones, como acaba de suceder con el tema de la selección de las nuevas personas titulares que integrarían el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI).

Cabe decir que, las observaciones o veto del Ejecutivo a este proceso y, en general, pueden ser superadas por la votación de los dos tercios de los Senadores o legisladores presentes. No obstante, en un sistema presidencialista como el que prevalece en México, es prácticamente imposible que este proceso vuelva a suceder sin la aprobación del presidente.

En otras palabras, con este hecho el presidente ha dictado lo que deberá de suceder: sea que se designe a una de sus propuestas o sea dejar al INAI sin posibilidades de tener el cuórum legal necesario para resolver los recursos de revisión que por mandato constitucional deben resolver a favor del acceso a la información y la protección de datos personales.

Históricamente el derecho de veto no había sido ejercido en un proceso similar con las personas elegidas por el Senado para formar parte del pleno del INAI, los registros sobre el veto presidencial se centran particularmente en la aprobación o corrección del presupuesto, y en las reformas constitucionales que pudieran emanar de la labor legislativa “autónoma”.

Guste o no, es justamente ese poder desmedido del presidencialismo lo que hizo que durante décadas nuestro país se dedicara a construir instituciones y normas que permitieran limitar el poder del presidente en México.

Y es que como decía Cantinflas, “¡Ahí está el detalle!”; el presidente no está pensando en elegir a los mejores perfiles para fortalecer la transparencia en México. Tampoco en exhibir “a la sociedad de comparsas” legislativas para reclamar lealtad política, pero sí en politizar todas sus decisiones e imponer su agenda, llevando todo al plano de la lucha contra la corrupción. Pues está claro que el poder hegemónico que ejerce el presidente en México tiene la capacidad de definir qué es o qué no es la corrupción. Y dado que la idea de la corrupción es una idea política, y es tan política la corrupción que, siempre la veremos en el discurso contra los adversarios. Y más en procesos de campaña política como el que ya estamos viviendo.

En este sentido, la pregunta es entonces: en qué momento el presidente pasó de asegurar que lo que verdaderamente importa es la honestidad y no la experiencia y los conocimientos. Como lo afirmaba al principio de su mandato cuando empezaron a realizarse las designaciones del personal de su ayudantía para formar parte de la administración de su gobierno; cuando afirmó que los funcionarios de su mandato debían tener 90 porciento de honestidad y 10 porciento de conocimientos.

Diría otro expresidente: “No se hagan bolas”. Lamentablemente, lo que está frente a nosotros es la agenda del actual presidente contra las autonomías constitucionales; contra los mecanismos de pesos y contrapesos del sistema constitucional desarrollado durante las últimas décadas. Y que para ello se ocupe o no a los “enjuagues”, es un “detalle” que se ha convertido en la condición natural de nuestra vida pública, pues no es ni lo uno ni lo otro.

Vladimir Juárez. Colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @Integridad_AC @VJ1204