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Maternidad subrogada SCJN perdió oportunidad histórica al permitir la gestación subrogada sin proteger a los más vulnerables

Maternidad subrogada SCJN perdió oportunidad histórica al permitir la gestación subrogada sin proteger a los más vulnerables

Nación viernes 02 de julio de 2021 - 07:37

Claudia Bolaños


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perdió la oportunidad histórica para frenar la explotación de mujeres con fines reproductivos en Tabasco, también conocida como “gestación subrogada”, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad con número de expediente 16/2016 y el Amparo en Revisión con número de expediente 129/2019 en contra del Código Civil de Tabasco que regula el contrato de gestación por sustitución,afirmó el think tank especializado en primera infancia en México, Early Institute.

“Como alto tribunal de nuestro país, se esperaba que la Suprema Corte hiciera un análisis profundo en el que se pusieran de manifiesto los riesgos que esta práctica conlleva al disfrazar un mercado que permite la explotación de mujeres con fines reproductivos y la venta de niñas y niños, como si fueran objeto de comercio”, indicó.

Indicó que la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, centró su proyecto de acción de inconstitucionalidad únicamente en los derechos de los solicitantes de la gestación sustituta y, por su parte, el Ministro Pardo, con su proyecto de amparo, se limitó exclusivamente en pronunciarse por la “libertad de trabajo y de comercio” de una Sociedad Anónima que alegó impedimentos para participar en dichos procedimientos de gestación subrogada, que incluyen contratos con remuneraciones de por medio con nacionales y extranjeros.

Early Institute subrayó que los grupos en situación de vulnerabilidad que intervienen en la gestación por sustitución o maternidad subrogada, que en realidad es una forma de explotación reproductiva, quedan invisibilizados ante los resolutivos adoptados recientemente por la Suprema Corte:

Ello son que los contratos de gestación subrogada son válidos y su regulación corresponde a las entidades federativas; la regulación sanitaria corresponde a las autoridades federales, que deben emitir leyes en la materia o, en su caso, normas oficiales mexicanas, y las empresas dedicadas a comercializar o fungir como intermediarias pueden participar en esos procesos, siempre y cuando exista una regulación, fiscalización y supervisión estricta sobre sus actividades.

Además los congresos locales son los que deben valorar los alcances de dichos contratos y si son onerosos o gratuitos; y sólo queda a nivel de exhorto a las autoridades federales y estatales a que regulen la práctica “de manera urgente y prioritaria” para evitar abusos de algunas de las partes involucradas.

El think tank mexicano especializado en primera infancia, retomó lo dicho por el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en el sentido de que la resolución a la acción de inconstitucionalidad 16/2016 y el amparo en revisión 129/2019, debían considerar los derechos de la mujer gestante y el interés superior de niñas y niños que nacen a través de estas prácticas.

La relevancia de lo dicho por el Ministro Saldívar radica en el hecho de que exhorta a sus pares a reflexionar sobre la complejidad del tema, ya que “no se puede tomar una posición desde el privilegio”, desde la perspectiva de las personas que pueden contratar y pagar por una mujer y a su vez adquirir una niña o niño.

Es contundente de que los solicitantes y clínicas se encuentran en relaciones desiguales con las mujeres que buscan rentar sus cuerpos y que en general, tienen una débil posición cuando celebran este tipo de contratos, en muchas ocasiones, agregó, son sujetas a relaciones de poder, son víctimas de coerción, violencia, trata, abuso o explotación.


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MF/CR

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