Necesario crear estrategia nacional de ciberseguridad que responda a las necesidades de las personas: INFO CDMX

Durante el Foro La protección de datos personales como eje para relanzar una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que organizó el INAI, Bonilla Gutiérrez refirió que hay pendientes en materia de protección de datos para los menores de edad que se deben enfrentar ante el hecho de que las niñas y los niños de hoy son nativos digitales, cuyo uso intensivo de tecnologías y redes es natural, pero representan riesgos de los que debemos protegerlos.

Aclaró que el espacio digital, aun en su virtualidad, no puede escapar al derecho en general y, en específico, a la vigencia irrestricta de los derechos humanos hecha valer de modo efectivo por el Estado.

El también Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) expuso que todo Estado constitucional tiene la ineludible obligación de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de las personas.

En su exposición, reconoció que es innegable la capacidad democratizadora actual y potencial que posee internet al poner al alcance de las personas todo tipo de información y, a su vez, generar contenidos que de forma conscientes o no, sean expuestos en un espacio público sobre el que perdemos todo control en muy poco tiempo.

Bonilla Gutiérrez destacó que la actual organización informática, individualizada y accesible, es una demanda amplísima a la que nos estamos enfrentando; sin embargo, en el proceso, las grandes empresas de tecnología y terceros con diversos intereses recopilan, transfieren, administran y procesan datos personales que les proporcionamos y son susceptibles de ser usados para fines tanto lícitos como ilícitos.

Por ello -añadió-, tenemos que crear un ecosistema digital seguro y relevante para todas las personas; “es y será de la mayor importancia la incluyente y plural participación de todas y todos, instituciones y sociedad en conjunto”.

Por su parte, Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), señaló que, debido a la crisis global causada por la pandemia, tanto el sector público como el privado, han tenido la necesidad de migrar sus productos y servicios hacia los espacios digitales, y “tan abrupto proceso de adaptación ha incrementado las amenazas a las instituciones y a nuestra privacidad”.

En este contexto, comentó que se considera necesario avanzar en la construcción de una política nacional de ciberseguridad, armónica y de avanzada acorde a los tiempos y desafíos que enfrentamos.

Ibarra Cadena afirmó que la misión como instituto garante implica, primero, dimensionar los problemas más complejos de la ciberseguridad y protección de datos personales para posicionarlos en la agenda pública y, segundo, es obligación abonar en el surgimiento de propuestas sólidas y factibles.

En su intervención, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que los avances tecnológicos han abastecido a los gobiernos de instrumentos de vigilancia ciudadana más intrusivos y potentes, los cuales suelen justificar crisis y urgencia de seguridad o sanitarias, pero muchas veces se instalan de forma permanente.

Señaló que el Estado, además de seguir siendo una fuente de riesgo, incluso potencializado, también se presenta como un instrumento de protección contra terceros; así surge un reto de diseño institucional que es único para nuestra generación.

Por otra parte -dijo-, el modelo de democracia institucional exige de la interrelación de las diferentes ramas del poder público para hacer frente a los presentes retos. A su vez, enfatizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la protección de los datos personales es un derecho y que las competencias del INAI son una garantía orgánica de este derecho.

Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado INAI, indicó que la protección de datos personales ha modificado sustancialmente la vida democrática de los países. “Hoy por hoy, las democracias consolidadas que tienen densidad se confirman a partir del respeto a la vida privada de las personas”.

Insistió en que un país democráticamente confiable es aquel que respeta de forma efectiva la vida privada de sus ciudadanos, de los inversionistas, de los clientes; “el Estado mexicano vive de servicios y el T-MEC tiene apartados que reflejan el debido y celoso cuidado de los datos personales de los habitantes de los tres países que lo conforman”.

Durante su participación, Josefina Román Vergara, comisionada INAI, subrayó que las políticas de ciberseguridad son fundamentales para salvaguardar los derechos humanos a la privacidad o la propiedad en el ámbito digital.

“De acuerdo con el informe Ciberseguridad, riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los gobiernos de la región, entre ellos México, están conscientes de proteger el espacio digital y muestran que, hasta principios de 2020, solo 12 países habían aprobado una estrategia de ciberseguridad y únicamente 10 países han establecido un organismo gubernamental central, responsable de la gestión de la ciberseguridad”.

Román Vergara informó que, en el caso de nuestro país, el BID reconoce que contamos con las bases de una política de ciberseguridad, y se destaca el desarrollo una oferta educativa -tanto pública como privada- que considera la formación especializada en ciberseguridad desde un punto de vista técnico y jurídico.

Imagen: Especial