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No + violencia política en razón de género 

No + violencia política en razón de género 

Columnas jueves 16 de abril de 2020 - 00:38

En medio de la crisis a nivel global por el Covid-19, hay buenas noticias a las que debemos voltear a ver. Una de ellas en nuestro país es que el 13 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas legales, con la finalidad de hacer frente y erradicar la violencia política en razón de género.

Antes de estas reformas, distintas instituciones del Estado mexicano —dentro de ellas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral— en 2016, dictaron el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, documento que sirvió de base para combatir el problema de la violencia política en razón de género en México.

De ese año a la fecha, la Sala Superior del Tribunal dictó numerosos criterios mediante los cuales fue consolidando estándares de actuación que frente a este fenómeno debían adoptar: candidaturas, partidos políticos, autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales y ciudadanía en general, destacando las jurisprudencias 48/2016 —obligación constitucional y convencional de las autoridades para combatir la práctica aun cuando no existiera legislación— y 21/2018 —señala qué elementos implican violencia política en razón de género—. Sin embargo, con las modificaciones legales alcanzadas, los operadores jurídicos contamos desde ahora con instrumentos obligatorios para todos los sujetos que se relacionan directa o indirectamente con el sistema electoral, a fin de combatir, sancionar y erradicar esta práctica.

La reforma es amplia, pero de una primera aproximación, podemos identificar tres aspectos relevantes que influirán en los procesos electorales.

1. En primer lugar, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales —LGIPE— reconoce a la violencia política en razón de género como una infracción en la materia y, por ende, que debe ser castigada mediante el procedimiento administrativo sancionador respectivo, en el cual tendrán intervención el INE y la Sala Especializada del Tribunal Electoral Federal.

Entre otras sanciones, los partidos políticos pueden, inclusive, perder su registro y las personas que cuentan con una candidatura, perderla.

2. La LGIPE establece, por una parte, la posibilidad de tomar acciones urgentes —régimen de medidas cautelares— para que cesen los actos violentos y se proteja a la víctima; y, por otra, adopta las garantías de reparación integral y no repetición de los daños, lo que obliga, inclusive, a indemnizar a la víctima.

3. Finalmente, la reforma reconoce como vía para cuidar los derechos político-electorales de las mujeres ante actos jurídicos que produzcan violencia política en razón de género, el juicio para la protección de los derechos políticos de la ciudadanía, a través de cual se podrá obtener la anulación jurídica de dichos actos.

Sin duda, con estos elementos, vamos en serio: no + violencia política en razón de género en México.

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/CR

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