Nuestra Constitución en permanente mutación (De 1921 a 2026)

Columnas martes 07 de abril de 2026 -

Pocas constituciones en el mundo ofrecen un testimonio tan elocuente de transformación continua como la mexicana. Lejos de concebirse como un texto pétreo, la Constitución de 1917 ha sido, a lo largo de más de un siglo, objeto de una incesante labor de reforma. El registro cronológico oficial permite dimensionar este fenómeno: hasta marzo de 2026, el texto fundamental ha sido modificado mediante 279 decretos de reforma constitucional. La cifra no sólo revela dinamismo; también invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del constitucionalismo en México.

El más reciente de estos decretos, publicado el 3 de marzo de 2026, introduce una modificación de profundo contenido social: la reforma de las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123, en materia de reducción de la jornada laboral. El nuevo texto establece, como horizonte normativo, una semana de trabajo de cuarenta horas, cuya implementación se realizará de manera progresiva a lo largo del sexenio: de 48 horas en 2026 hasta alcanzar las 40 en 2030. A ello se suman disposiciones que precisan el régimen del trabajo extraordinario y, de forma particularmente significativa, la garantía de que la disminución de la jornada no implicará reducción alguna en salarios ni prestaciones.

Esta reforma, por su contenido y alcance, se inscribe en la tradición social de la Constitución mexicana, que desde su origen incorporó derechos laborales avanzados para su tiempo. Sin embargo, también evidencia un rasgo característico del desarrollo constitucional contemporáneo del país: la tendencia a elevar al rango constitucional decisiones que, en otros sistemas, suelen resolverse en la legislación ordinaria. La Constitución mexicana no sólo establece principios; con frecuencia, también define políticas públicas.

La comprensión cabal de este fenómeno exige una mirada retrospectiva. La primera reforma constitucional tuvo lugar el 8 de julio de 1921, apenas cuatro años después de promulgada la Carta de Querétaro. Aquella modificación —relativa a disposiciones en materia educativa— puede parecer modesta desde la perspectiva actual, pero resulta profundamente significativa: inauguró una práctica que con el tiempo se volvería habitual. Desde entonces, la Constitución dejó de ser un texto cerrado para convertirse en un instrumento en constante revisión.

Este proceso admite, al menos, dos lecturas. Desde una perspectiva favorable, la frecuencia de reformas puede interpretarse como signo de vitalidad constitucional: un orden jurídico capaz de ajustarse a nuevas realidades sin romper con su fundamento. Bajo esta óptica, la Constitución mexicana sería un texto flexible, sensible a las transformaciones sociales y abierto a la ampliación de derechos.

No obstante, otra lectura advierte los riesgos inherentes a esta práctica. La reiteración de reformas puede diluir la estabilidad normativa que se espera de una Constitución. Cuando el texto fundamental se convierte en el vehículo recurrente para atender problemas diversos, existe el peligro de sobrecargarlo y de restarle claridad sistemática.

La trayectoria que va de 1921 a 2026 permite advertir que la Constitución mexicana ha sido, más que un punto de llegada, un espacio de disputa y redefinición permanente. Sus 279 decretos de reforma no son simples modificaciones técnicas; constituyen las huellas de un país que ha buscado, a través de su norma fundamental, ajustar su rumbo en contextos cambiantes.