#Objetivo justicia.

Columnas jueves 19 de noviembre de 2020 -

Francisco Castellanos

No hay democracia constitucional ni transformación política, jurídica y social posible en un país en el que no opera efectivamente un sistema de impartición de justicia. Existe un importante consenso en los sistemas europeo e interamericano de protección a los #DDHH, respecto a que el derecho de acceso a la justicia solamente se puede ejercer cuando la sociedad cuenta con recursos judiciales idóneos y efectivos para reclamar la vulneración de sus derechos.

Desafortunadamente, en América Latina se ha pensado que el goce del acceso a la justicia es posible cuando los Estados no impiden a la ciudadanía acudir a tribunales para la resolución de conflictos. Esta mirada de los regímenes políticos latinoamericanos debe cambiar, porque es inexacta.

Para ser un derecho que transforme positivamente la vida de las personas, la tutela judicial exige una acción positiva de las autoridades, quienes deben organizar a las instituciones de justicia y establecer vías para su acceso de manera que todas las personas, sin importar sus condiciones sociales o económicas, reciban una atención adecuada que pacifique los conflictos, restaure derechos y mantenga el orden común. Esto no se puede lograr sin remover los obstáculos normativos, sociales y económicos que limitan el acceso a la justicia.

Un desafío que enfrentamos en América Latina e impacta directamente en el acceso a la justicia, es la desigualdad económica y social de las personas que integran a las distintas sociedades, condiciones que producen consecuencias negativas en la posibilidad de defensa.

Para hacer frente a estas dificultades, es necesario contar con defensorías públicas de excelencia que proporcionen servicios jurídicos gratuitos a personas sin recursos suficientes, a fin de eliminar los obstáculos para acudir a un tribunal imparcial e independiente que resuelva el conflicto, logrando así la protección judicial efectiva.

Otro tema importante para el acceso a la justicia es la facilidad con la que las personas pueden acudir a una vía judicial y la rapidez con la que la controversia se resuelve. No basta con que el recurso sea idóneo -que la sentencia tenga posibilidad de reparar la violación a algún derecho humano-, sino que debe ser efectivo. ¿Qué quiere decir esto? i. Los requisitos y la tramitación procesal no deben ser complejos ni exigir materialmente la intervención de profesionales del derecho con una formación de alto nivel técnico; y, ii. El tiempo de resolución del asunto no debe rebasar entre primera y segunda instancia, más de 12 meses.

Finalmente, si la razón en juicio se otorga al mejor postor, es evidente que un sistema así será cualquier cosa, menos de impartición de justicia. Mientras no se logre reducir considerablemente la corrupción en los operadores de los sistemas latinoamericanos, la justicia seguirá distorsionada y obedecerá al que mejores posibilidades económicas tenga, desamparando a los más desprotegidos y acrecentando con ello los conflictos y el abandono.

Mientras esto no cambié en nuestra región, todo lo demás no mejorará.