La tensión entre el ineficaz confinamiento y el colapso vital y económico del país que pretendían reventar los hoteleros y restauranteros, probablemente lo lleven a buen éxito los dueños de las escuelas privadas. Contrariamente a los dos primeros, no será tan fácil para el gobierno (ni para nadie) descalificar su desobediencia organizada como mero ánimo de lucro; aunque sí tiene que ver con el ánimo de lucro.
Los dueños de las escuelas están alegando rezago educativo de una década por cada año perdido (o cursado virtualmente, que es casi lo mismo). También, señalan que la salud mental de padres y estudiantes ha tenido un impacto (dicen los padres, sobre todo los de hijos pequeños que además trabajan, que es cierto).
En un comunicado irrisorio aún para los estándares de la 4T, la SEP se pronunció en el sentido de que a ella no le pregunten su opinión sobre si las escuelas abren o no, porque ella sólo es la Secretaría de Educación Pública, y solo le toca validar planes de estudio, y así.
Es evidente que los privados colocarán en la prensa el dato de cuánto ha costado al erario público mantener a la burocracia educativa, a pesar de no haber clases. Expondrán también la falta de apoyo del gobierno para que ellos puedan pagar sueldos y gastos. Se espera la clásica comparación frívola de cuánto costaron los estadios de baseball y otras por el estilo, para exhibir la indolencia del gobierno.
El contrargumento puede provenir de la Profeco, puesto que las empresas particulares, en general, no han dejado de cobrar colegiatura, pero sí se han reducido sus costos de infraestructura física. En general, pues, se espera un intercambio agresivo entre la autoridad y las escuelas particulares, donde se intentará mostrar fehacientemente la incompetencia de uno y la voracidad de otro.
Lo que quizá ninguna de las partes interesadas quiera decir (y con razón) es que la deserción masiva, de 2 millones de alumnos, que han tenido las escuelas particulares, revela problemas distintos a la virtualidad de las clases y el confinamiento.
En primer lugar, a la crisis económica generalizada. Cuando una familia está en un momento crítico de subsistencia (comprando la despensa con puro tarjetazo, por ejemplo), la colegiatura pasa a segundo término.
Eso no quiere decir que la educación de los niños no importe. Basta ver (y ojalá lo digan las autoridades) la saturación de solicitudes que ha habido para las escuelas públicas a todos los niveles, en todos los estados. Los niños no están desertando, todos, de la escuela, se están cambiando a escuelas gratuitas.
En segundo lugar, la matrícula de las escuelas privadas, sobre todo en ciudades como CDMX, ha ido aumentando hasta niveles ridículos, con una buena parte de ellas a nivel básico y medio superior, superando el ingreso mexicano per capita (que anda en estos tiempos por los 11 mil pesos mensuales; el de las familias es 16 mil, porque más de uno trabaja).
No hay que olvidar que la sobre-oferta educativa privada que existe en México surgió a raíz del aumento de los rechazados en las escuelas públicas, en un periodo donde el gobierno insistía en tratar la educación como cualquier otro negocio. Este gobierno no piensa eso, y es capaz de hacer cientos de escuelas improvisadas para que nadie se quede sin lugar (tan deficientes como casi todas las privadas, ni peores ni mejores).