Claudia Bolaños
La diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, con el objetivo de incorporar la violencia estética como una modalidad específica de violencia de género.
La propuesta plantea modificar los artículos 6 y 10, así como adicionar un artículo 17 Bis, a fin de fortalecer el marco jurídico en la protección de los derechos de las mujeres frente a prácticas que imponen estándares corporales.
En la exposición de motivos, la legisladora señaló que la violencia contra las mujeres se ha transformado y ahora incluye formas más complejas que no necesariamente implican agresiones físicas, sino mecanismos simbólicos, culturales e institucionales que perpetúan la desigualdad.
Indicó que en espacios como certámenes de belleza se han documentado prácticas sistemáticas que ejercen presión sobre el cuerpo femenino, incluyendo restricciones alimentarias, humillaciones, cosificación y casos de abuso sexual.
De acuerdo con datos citados en la iniciativa, 80 por ciento de las participantes ha recibido críticas constantes sobre su cuerpo, 50 por ciento ha sido obligada a restringir alimentos o consumir laxantes y 20 por ciento ha sufrido abuso sexual.
La iniciativa define la violencia estética como toda acción u omisión que imponga, promueva o tolere estándares de apariencia física que generen presión o condicionamiento para modificar el cuerpo, particularmente en contextos donde existe evaluación sistemática de la imagen de las mujeres.
También advierte que actualmente existe un vacío legal, ya que esta modalidad no está reconocida de manera explícita en la legislación vigente, lo que dificulta su prevención y atención.
El proyecto establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán implementar medidas de prevención, supervisión y atención en espacios organizados como concursos o eventos, mediante lineamientos, protocolos, mecanismos de denuncia y campañas de sensibilización.
La diputada precisó que la propuesta no busca prohibir los certámenes de belleza ni limitar la actividad empresarial, sino garantizar condiciones de respeto a los derechos humanos y evitar que la dignidad de las mujeres sea condicionada a estándares corporales.