Prudencia y responsabilidad, ¿Acaso es pedirle demasiado al presidente?

Columnas miércoles 08 de marzo de 2023 -

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

El presidente Andrés Manuel López Obrador parece haber extraviado la brújula de la civilidad política que debe prevalecer en los demás poderes del Estado, especialmente hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desde el 2 de enero de este año preside la ministra Norma Lucía Piña Hernández, destacada jurista mexicana y la primera mujer en ocupar el cargo.

Sin guardar las más elementales cortesías, el pasado 1 de marzo, el mandatario criticó acremente la labor del máximo tribunal de justicia mexicano, por haber cancelado la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y aseguró que esto era resultado de “la decadencia del Poder Judicial que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción; es un Poder Judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político de nuestro país, por eso esos amparos constantes”. Luego puntualizó que cuando estaba el ministro Arturo Zaldívar al frente de la Corte había un poco más de vigilancia sobre los jueces.

Ya López Obrador había dado muestras de su pública animadversión hacia la presidenta de la SCJN, luego de que su candidata a ocupar el cargo, Yasmín Esquivel se vio inmersa en un escándalo que ha trascendido las fronteras del país¬ por el alboroto generado al plagiar sus tesis de licenciatura y doctorado. Durante una de sus diarias apariciones aprovechó el nombramiento de Piña Hernández, para señalar con ironía la separación de poderes que funciona en su gobierno. “Nosotros no imponemos nada en la Corte. Y es tan evidente que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido; la señora presidente de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”, dijo.

Para nadie es un secreto su pública malquerencia hacia la ministra Piña Hernández, quien –a diferencia de sus aliados “a modo”–, ha votado la mayoría de las ocasiones en contra de los proyectos del Gobierno en estos últimos tres años, entre ellos la reforma eléctrica, pero dio su voto a favor de la militarización.

La andanada contra la titular de la SCJN no ha cesado. Con alevosía y ventaja, para expresarlo en términos empleados en el ámbito jurídico –y que se refieren a dos elementos que pueden ser tomados en cuenta para calificar la gravedad de un delito y determinar la pena correspondiente, los cuales reflejan una mayor culpabilidad por parte del agresor y pueden ser considerados agravantes–, el presidente ha construido un escenario propicio para el linchamiento público contra aquellos que no se ciñen a su voluntad y capricho.

Y al igual que muchos de los agraviados en su conferencia matutina, que se transmite de costa a costa y de frontera a frontera, con cargo al erario, la presidenta de la SCJN ha sido blanco de los ataques lanzados desde Palacio Nacional, que ya han tenido consecuencia en las redes sociales, y de forma explícita ha recibido amenazas de muerte, que por supuesto, han sido banalizadas por López Obrador. @VicaPonch, uno de los usuarios de Twitter, difundió una imagen de la ministra con la leyenda “el problema” acompañada de una bala con la frase “la solución”. “Y esos que pusieron el mensaje en redes sociales hasta fueron ellos mismos, porque son capaces de eso y más. Así son los conservadores, tiran la piedra y esconden la mano, muy chuecos”, dijo el presidente.

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés –al igual que otros destacados legisladores y dirigentes de la oposición que señalaron que las amenazas merecen la condena y el repudio público–, consideró que “hay que recordarle al presidente que esta es una República, no una monarquía, y que, aunque viva en un palacio, no es un rey. Esta es una democracia y hay tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y tiene que respetarlos, cosa que no ha hecho”. También la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces pidió investigar la amenaza y destacó que esta es consecuencia de un discurso de odio hacia las funciones que constitucionalmente le competen al Poder Judicial de la Federación.

Al parecer el presidente no ha entendido el papel fundamental que desempeña esta institución en la defensa del Estado de derecho. La Suprema Corte es la máxima autoridad judicial en el país y es crucial para garantizar la independencia y la imparcialidad de la justicia en México. Si López Obrador aumenta sus críticas destructivas, puede con ello generar un clima de tensión y confrontación entre el poder ejecutivo y el poder judicial, lo que puede afectar gravemente la estabilidad y la gobernanza del país. Parece no entender que el poder judicial es fundamental para la democracia y para garantizar el respeto de los derechos y las libertades de la población.

Es fundamental que se conduzca con un comportamiento respetuoso y constructivo hacia los demás poderes, y evite los ataques o las críticas infundadas o injustas. En el caso específico de la Suprema Corte de Justicia, es importante hacer hincapié de que el presidente tiene el deber de respetar y acatar las decisiones de la Suprema Corte y de los demás tribunales del país, y de trabajar en colaboración con ellos para garantizar que se cumpla la Constitución y se protejan los derechos de la población. Además, si López Obrador no respeta la independencia del poder judicial puede afectar la capacidad del poder judicial para tomar decisiones justas e imparciales, ya que puede crear una presión indebida sobre los jueces y magistrados.

Urge que López Obrador mantenga un comportamiento respetuoso y constructivo hacia los demás poderes del Estado, para garantizar la estabilidad y la continuidad de la democracia en el país. El presidente –con sus pronunciamientos y actitudes contra la ministra Piña Hernández, que no son propias de un primer mandatario, sino de actitudes patibularias–, intenta socavar la independencia y autonomía de este poder; esto puede generar una crisis institucional y afectar negativamente la confianza de la población en las instituciones democráticas.

Gobernar en los tiempos actuales exige mesura y una visión de largo plazo. En un mundo cada vez más complejo y cambiante, es fundamental que los líderes políticos sean capaces de actuar con prudencia y responsabilidad, evitando las decisiones impulsivas o basadas en intereses particulares a corto plazo ¿Acaso es pedirle demasiado al presidente?

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM