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Redes sociales y control judicial

Redes sociales y control judicial

Columnas jueves 09 de enero de 2020 - 00:06

Quienes aplicamos el derecho como oficio cotidiano, tenemos que acompañar las transformaciones del mundo, especialmente, las que suceden con la tecnología.
La inteligencia artificial, el blockchain, la realidad virtual o el uso de las redes sociales para comunicar nuestras ideas deben ser estudiadas por el derecho para asegurar respuestas a los problemas de una realidad cambiante. Las transformaciones sobre la libertad de expresión e información ocasionadas por internet, exigen adoptar un nuevo enfoque en esta materia.
El uso de redes sociales como fuente de información puede producir consecuencias legales; sin embargo, en principio, toda manifestación goza de una presunción de legalidad amparada por la libertad de expresión y el derecho a la información, porque ambos cumplen un papel esencial en las democracias, en tanto permiten la libre circulación de las ideas y el debate público de los temas de interés.
En nuestro país, tanto la Suprema Corte de Justicia como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han establecido una línea jurisprudencial para delinear los alcances y límites del uso de las redes sociales como fuente de libertad de expresión —incluidas las preferencias políticas— y el acceso a la información.
En un precedente muy relevante resuelto apenas en junio del año pasado —amparo en revisión 1005/2018—, la Corte determinó que, en defensa del derecho a la información, los servidores públicos no pueden bloquear el acceso a sus cuentas de redes mediante las cuales comparten información relativa a la gestión gubernamental, salvo que se acredite una causa justificada.
La Corte estableció que como los servidores públicos ostentan un grado de notoriedad social, en tanto su actuación incumbe a la ciudadanía, sus cuentas de redes sociales adquieren esa misma notoriedad, por lo que no pueden alegar privacidad como justificación para bloquear a la ciudadanía. Sin embargo, el Alto Tribunal dejó claro que ello no ampara un comportamiento abusivo de usuarios, quienes no pueden utilizar amenazas, injurias, calumnias o incitación a la violencia en contra de los servidores públicos.
Por su parte, desde el 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha considerado que el uso de redes sociales para expresar preferencias políticas debe considerarse como un acto que goza de presunción de espontaneidad y no de actos premeditados sujetos a sanción.
En ese sentido, para el Tribunal todo asunto que implique el uso de redes sociales debe valorarse con un enfoque que evite limitaciones innecesarias, pues aquéllas posibilitan un ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión y el derecho a la información.
En todo caso, ante la duda, las autoridades deben privilegiar la libertad de expresión. Estos criterios deberemos tenerlos muy presentes de cara al proceso electoral 2020-2021, en el que las redes sociales serán determinantes.

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/CR

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