Nos encontramos viviendo uno de los momentos más desafiantes a nivel internacional, prácticamente el mundo entero atravesó o aún experimenta una de las crisis sanitarias más graves para la salud humana. Las consecuencias, además de la salud, impactan en lo económico y lo social, lo que ha llevado a los gobiernos a ejecutar acciones emergentes que amortigüen los efectos negativos de esta pandemia.
En el caso de México, el Gobierno federal determinó echar a andar una política de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para no ejercer el 75 por ciento de su presupuesto disponible para las partidas correspondientes a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales; partidas importantes por tratarse del gasto para el pago de luz, agua, teléfono, internet, equipo de oficina, combustible, y entre otros, servicios profesionales indispensables para el funcionamiento regular y permanente de dichas instituciones.
De manera alarmante preocupa el recorte para las dependencias y entidades cuya función es vital para dar continuidad a la conservación de nuestros recursos naturales; el caso específico es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), quien a partir del 23 de abril y hasta el 31 de diciembre de este año, tendrá que proteger las 182 áreas naturales protegidas que resguardan más de 90 millones de hectáreas de alto valor ambiental para nuestro país con un presupuesto mínimo —que, de por sí, ya era insuficiente—.
Coincido con lo referido por Julia Carabias, bióloga, investigadora y exsecretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, respecto a la necesidad de enfrentar la falacia de que la conservación de ecosistemas naturales mediante las áreas naturales protegidas es “un lujo que los países en desarrollo no se pueden permitir mientras exista gente sin tierra y en condición de pobreza”.
Continuar en esta dinámica garantiza no sólo el deterioro de los ecosistemas hasta su extinción; sino también, la existencia de mayores y más graves crisis que abonan al cambio climático con consecuencias negativas para cualquier expresión de vida, incluido el deterioro de la salud humana.
Hemos sido incapaces de lograr generar consciencia sobre la inextricable relación entre los humanos y el medio ambiente, ello ha llevado a diluir la importancia que merece la protección y la garantía de atención por parte de los gobiernos para enfrentar las crisis ambientales que cada día se muestran con mayor severidad.
Como legisladores, pero sobre todo como sociedad, debemos adoptar con responsabilidad la tarea de sumarnos a las acciones que esté en nuestras manos desempeñar para consolidar la preservación de las áreas naturales protegidas con su irremplazable función de proteger la vida humana y de la biodiversidad. En este sentido, la reducción al presupuesto, en definitiva, no es ni será la vía para lograr su cumplimiento.