Reforma Electoral 2026: Iniciativa PAN

Columnas jueves 19 de febrero de 2026 -

El pasado 17 de febrero el PAN presentó en el Senado su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Según sus autores, la propuesta busca modernizar y proteger el sistema democrático mexicano; combatir la sobrerrepresentación legislativa para asegurar que el número de curules coincida fielmente con los votos obtenidos por cada partido; y un nuevo mecanismo para asignación de asientos legislativos de representación proporcional.

Por ejemplo, Límites estrictos: Establecer que ninguna fuerza política pueda exceder las dos terceras partes del Congreso, asegurando la necesidad de consensos para reformas constitucionales.

Concepto de "fuerza política": Incorporar este término para evitar simulaciones en coaliciones y asegurar que la asignación de escaños corresponda a la votación efectiva.

Listas de primera minoría: Intercalar las listas de los partidos con candidaturas que, habiendo competido por mayoría relativa, no ganaron pero obtuvieron un alto respaldo ciudadano ("segundos lugares").

La iniciativa identifica, correctamente, que las precampañas actuales a menudo funcionan como campañas anticipadas sin reglas claras. Por ello, propone elecciones primarias abiertas organizadas por el INE, en una fecha única simultánea para todos los partidos con el fin de fortalecer el vínculo entre ciudadanía y candidaturas, reducir el control de las cúpulas partidistas y dotar de mayor legitimidad a las y los postulados.

En materia de blindaje contra el crimen organizado, propone considerar la intervención acreditada del crimen organizado, por sí misma, como determinante para anular una elección. Igualmente, que los partidos que tengan vínculos acreditados con la delincuencia organizada o cuyas candidaturas sean favorecidas por esta, perderán su registro. Así mismo, que el partido y la o el candidato responsables de la infracción criminal no podrán participar en la reposición del proceso.

La propuesta blanquiazul afirma también defender la autonomía e independencia de las autoridades electorales, pero no toca al INE, ni la conformación del Consejo General, ni mejora el mecanismo para la designación de las consejerías, ni restaura la colegialidad perdida, y mucho menos esclarece la norma de las encargadurías en el Instituto. Tampoco achica el financiamiento público, ni amplía o precisa el modelo de comunicación, ni mejora o profundiza la fiscalización, ni propone el mínimo vital presupuestal irreductible, ni mejora el voto en el extranjero; ni propone la formalización normativa del voto electrónico y/o por internet en territorio nacional, o la del anticipado o el de personas en prisión preventiva; y tampoco aborda las acciones afirmativas.

Y quizá lo más notable, no propone un solo cambio a la normativa de la elección judicial, que tantas áreas de oportunidad presentó desde su diseño, debate, aprobación y primera aplicación.

Sin embargo, no pierdo la esperanza. Quizá todo esto aparezca en la propuesta de reforma legal, siguiendo una antigua tradición del panismo ilustrado, que le entendía bien a estos temas y a estas coyunturas, como lo demostró en las reformas de 1989, 1993, 2007 y 2014.

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