Reforma Electoral AMLO

Propone que la Cámara de Diputados y Diputadas se integre por 300 en lugar de 500 diputaciones, electas mediante el sistema de listas votadas en cada una de las entidades federativas. Para esa elección, se observaría el principio de paridad de género. Es decir, todas las listas serían integradas en forma alternada por mujeres y hombres. Además, cada partido encabezaría sus listas en las entidades federativas alternadamente por mujeres y hombres cada periodo electivo y cada fórmula se compondrá de personas del mismo género.

El Senado se compondría de 96 personas (3 por estado) elegidas mediante el sistema de listas, una por estado, y en su integración se observaría lo dispuesto en la norma respectiva para la colegisladora.

Se propone nuevo nombre de la autoridad administrativa para quedar en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que organizaría todas las elecciones federales, locales y municipales, extinguiendo los OPLES y sus oficinas distritales y municipales.

Serían solo 7 Consejerías en lugar de 11, su encargo duraría 6 años en lugar de 9 y serían designadas por voto popular. El INEC sería autónomo pero solo en los términos de la ley, pero no de la constitución. No todos sus órganos serían permanentes y no se requeriría que el INEC tenga personal calificado. Además, al INEC le correspondería solo la integración de la Lista Nominal pero no lo relativo al Padrón Electoral y al Consejo General ya no le correspondería directamente la fiscalización.

Se propone también que “el ejercicio del voto podrá aprovechar las tecnologías de la información y comunicación de conformidad con lo que determine la ley.”

En el Tribunal Electoral seguirán siendo 7 Magistraturas, pero electas por voto popular y tendrían 6 años de gestión en lugar de 7. Además de cumplir los mismos requisitos que para ser integrante de la Suprema Corte, deberán “distinguirse por su probidad”. Se extinguirían los tribunales electorales estatales.

Habría consultas populares en los estados, convocadas por los respectivos congresos locales y la revocación de mandato presidencial requeriría 33% (en lugar de 40%) de participación para tener efectos vinculantes.

Las autoridades electorales solamente podrían intervenir en los asuntos internos de los partidos para reposición de procedimientos por violaciones a su normativa interna o a derechos de la ciudadanía. En ningún caso podrían resolver nombrando dirigentes y candidaturas.

El financiamiento de los partidos nacionales y locales destinado al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes tendría que ser de origen exclusivamente privado y ya no del erario, como hoy. Solo los recursos destinados a sus campañas electorales provendrían del financiamiento público en parte, pero con una fórmula nueva, que reduciría los alcances de la vigente. El resto de dichos recursos deberían obtenerse de personas físicas mexicanas.

@ElConsultor2