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Reformas regresivas para la defensa de mujeres y menores

Reformas regresivas para la defensa de mujeres y menores

Columnas miércoles 26 de abril de 2023 -


Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

Previo al Día del Niño, el gobierno de la denominada 4T, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, parece renunciar a su deber de proteger a la niñez, respaldando a deudores alimentarios y proponiendo reformas regresivas a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para desmantelar el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipina).

En el Senado se busca congelar la reforma constitucional del “3 de 3 contra la violencia” que evitaría que violentadores y deudores alimentarios accedan a cargos públicos. Morena y sus aliados parecen más interesados en proteger candidaturas, que en velar por el bienestar de la infancia. Según INEGI, en México, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y el 67.5 por ciento de las madres solteras enfrentan evasión de responsabilidades de sus exparejas.

El mes pasado se aprobaron reformas a la ley mencionada, incluyendo la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Los deudores alimentarios enfrentarán restricciones como la imposibilidad de obtener documentos oficiales, salir del país y realizar trámites inmobiliarios.

Desde un inicio quedó evidenciada la injustificable resistencia de ciertos legisladores, como Gerardo Fernández Noroña, quienes consideran que la ley es discriminatoria y no efectiva en reducir la violencia. El legislador aseguró que la legislación no reducirá ni un milímetro la violencia que sufren las mujeres e indicó que, si se aprueba, se utilizará para sacar de manera “perversa” de la competencia electoral a los adversarios políticos, sin detenerse a reconocer un solo momento que el objetivo principal del estatuto es proteger los derechos de la infancia y de las mujeres.

México apenas comienza a implementar medidas como las que otros países con sistemas de cumplimiento sólidos han instaurado. En Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania y Francia, se aplican medidas como retención de ingresos, denegación de pasaportes, embargo de salarios y cuentas bancarias, e incluso sanciones penales en casos extremos.

No obstante, hay que ser muy claros en señalar que la efectividad de las leyes no depende solo de su severidad, sino de su aplicación, acceso a la justicia y educación sobre responsabilidades parentales. Estos son retos que deben enfrentarse en paralelo.

La aprobación de estas reformas sería un paso importante en la dirección correcta para garantizar que los deudores alimentarios cumplan con sus responsabilidades y se les impida el acceso a cargos públicos, y por ello es esencial que el gobierno y la sociedad trabajen juntos para garantizar que las reformas sean efectivas y beneficien a quienes más las necesitan. Esto incluye asegurar que las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes tengan los recursos y la formación adecuados para llevar a cabo su trabajo de manera eficaz.

Los programas de apoyo y orientación para padres separados y madres solteras podrían ser una herramienta valiosa para ayudarles a enfrentar las dificultades y garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

En esta tarea, la sociedad civil también tiene un papel importante en la defensa de los derechos de las mujeres y menores. Las organizaciones no gubernamentales, como la Redim, deben continuar monitoreando y denunciando cualquier violación a los derechos de la infancia y presionar al gobierno para que cumpla con sus responsabilidades en la protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, es necesario mejorar el acceso a la justicia para las mujeres y menores afectados por la evasión de responsabilidades parentales. Esto implica facilitar el proceso de denuncia y seguimiento de casos de incumplimiento de pensión alimenticia y proporcionar apoyo legal y emocional a las personas afectadas.

Por otro lado, el ejecutivo federal plantea desaparecer 18 instituciones –incluyendo el Sipina–, para reducir gasto público, lo que pondría en riesgo a más de 38 millones de infantes en cuanto a garantías de sus derechos. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) advierte que esta iniciativa violaría el artículo 4 de la Constitución y critica que Sipina sea absorbida por el Sistema Nacional DIF, entidad que no cuenta con las capacidades necesarias.

Para muchos no es un secreto que la decisión de AMLO de reducir el aparato público, se debe a la necesidad de recuperar dinero para cumplir promesas electorales antes de las elecciones de 2024.

Empero, hay que señalar que, si bien la implementación de reformas legislativas es un paso importante en la protección de los derechos de las mujeres y menores, el gobierno y la sociedad deben enfrentar retos adicionales, como la aplicación efectiva de las leyes, el acceso a la justicia y la educación. Sólo mediante un enfoque integral y colaborativo se logrará mejorar la situación de las mujeres y menores en México y garantizar que sus derechos sean respetados y protegidos de manera adecuada.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM


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/CR

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