Revista vehicular para automóviles privados ¿con fines recaudatorios?

En medio de un incremento generalizado de precios y servicios, con un nivel inflacionario de 7.4 por ciento que ha provocado la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora y con una industria automotriz en crisis, el gobierno federal implementará a partir de noviembre la revista vehicular nacional para automóviles particulares, contemplada en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 236, que fue publicada el pasado 3 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación.

Y aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el lunes que se revisará su aplicación “porque no vamos a estar bolseando a la gente", esto sólo nos lleva a pensar que al principal responsable de la política gubernamental del país no le informaron las implicaciones sociales de este acuerdo que afectará la economía de los mexicanos o bien, con su postura, trata de curarse en salud y revertir mediáticamente un acuerdo quizá ya aprobado con antelación

Mencionó que en su gobierno existe un pensamiento conservador y tecnocrático, y por ello “hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan”, dijo. La Secretaría de Economía que impulsa la norma no se ha pronunciado, pero parece que no tendrá futuro.

En tanto –mientras no exista una postura clara y contundente sobre la implementación de la medida¬–, en lo que concierne al gobierno de la Ciudad de México, la administración que encabeza Claudia Sheinbaum no ha explicado si la verificación de condiciones físico-mecánicas de los automotores se realizaría en los Centros de Verificación Vehicular y tampoco si sus instalaciones tendrían que ser adaptadas para cumplir con las especificaciones técnicas que se requieren.

Hasta el pasado mes de abril –de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)–, en México se contabilizaban más de 44 millones de vehículos automotores, de los cuales 34 millones 602 mil pertenecen a particulares.

Oficialmente se asegura que la medida tiene como propósito que los autos en circulación mantengan las condiciones de seguridad, que permitan reducir el número de muertes por accidentes de tránsito. Sin embargo, no se descarta que su principal objetivo sea recaudatorio, pues la inspección se realizará a la par de la verificación vehicular.

Los capitalinos seguramente se preguntan si 6 meses serán suficientes para que el gobierno de la Ciudad de México –que cuenta con aproximadamente 31 mil 188 kilómetros de vialidades, entre ellas vías primarias, secundarias y de acceso controlado–, repare los miles de baches que existen y que han ocasionado severos daños en los automóviles. Además, consideran que será necesario hacer las adecuaciones técnicas en los Centros de Verificación Vehicular, a fin de cumplir sin contratiempos las inspecciones de los vehículos, las cuales comprenden supervisiones a los sistemas de dirección, suspensión, transmisión y frenos, así como verificar si cuentan con espejos y limpiadores, entre otros.

Analistas políticos consideran que la medida llega en mal momento, debido a que el país enfrenta problemas económicos y un creciente desempleo, lo que significa un sacrificio extra para los automovilistas que tendrán que cubrir el costo de la nueva verificación, que será de alrededor de 900 pesos, además de la reparación de los desperfectos de su vehículo, si así se determina.

Con esta nueva medida se obliga a los dueños de los automóviles –que además no aprueben la verificación–, a realizar las reparaciones exigidas y a volver a los Centros de Verificación para que los inspectores acrediten que no contaminan y están en buenas condiciones mecánicas.

Cabe recordar que, en 2017, Miguel Ángel Mancera –entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México–, reconoció que no había condiciones para realizar verificaciones de esa naturaleza y que se necesitaba tecnología muy avanzada para realizarla. También, Claudia Sheinbaum admitió en 2018 que no se les podía exigir a los ciudadanos que mantuvieran en buenas condiciones la suspensión de sus automóviles, cuando las calles y avenidas estaban llenas de baches.

En anteriores colaboraciones hablamos ampliamente del programa Bachetón 2022 que dio a conocer en el mes de enero la jefa de Gobierno, mediante el cual se pretendía reparar el asfalto de 2 millones 600 mil metros cuadrados de superficie de vialidades primarias, que se encuentran en pésimo estado.

Incluso, en los últimos dos años –a causa de los innumerables percances derivados por la falta de un óptimo mantenimiento del asfalto–, la Secretaría de Obras y Servicio (Sobse) de la Ciudad de México, ha debido pagar casi 7 millones de pesos por indemnizaciones a conductores afectados por daños provocados en sus vehículos, debido al pésimo estado de las vialidades.

Las cifras que muestran que en lo que va del año únicamente se han comercializado 336 mil 841 unidades, también nos dan una idea de que la mayoría de los automovilistas no sólo no están en condiciones de adquirir otro vehículo, sino que –aunque dispusiera de los recursos necesarios–, tendrían que esperar por la escasez de inventarios y retraso en la entrega de automóviles nuevos.

Entendemos que medidas como la verificación de condiciones físico-mecánicas de los automotores son necesarias para proteger la vida, la salud y el medio ambiente, pero considero que éste no es el mejor momento para implementarlas, debido a las difíciles condiciones económicas de nuestro país, que han afectado los bolsillos de millones de ciudadanos. Y máxime, cuando en el fondo subyace la sospecha que el propósito principal de esta nueva medida –pese a lo que se diga hoy –, fue diseñada con evidentes fines recaudatorios.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora de STUNAM