La salida del gobierno de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una decisión política de alto impacto que erosiona uno de los pocos consensos globales construidos tras décadas de crisis sanitarias compartidas, que equivale a asumir riesgos colectivos.
La participación de Washington, no solo como miembro fundador, ha resultado clave en logros históricos como la erradicación de la viruela en 1980 y la reducción de más del 99 por ciento de los casos de poliomielitis a nivel mundial, según datos de la propia OMS. Durante años, Estados Unidos figuró entre los principales contribuyentes financieros del organismo, con aportaciones que, hasta antes de su retiro, superaban los 700 millones de dólares anuales, cerca de 15 por ciento de su presupuesto total.
Abandonar este espacio no solo debilita a una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); también reduce la capacidad de respuesta de la propia potencia frente a amenazas que no reconocen fronteras. La pandemia por COVID-19 dejó una cifra contundente, más de siete millones de muertes en el mundo, de acuerdo con registros oficiales, y pérdidas económicas globales estimadas en más de 12 billones de dólares por el Fondo Monetario Internacional.
El argumento central de la retirada apunta a supuestos errores durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, la cronología contradice esa narrativa. La OMS emitió su primera alerta el 31 de diciembre de 2019, declaró la emergencia de salud pública internacional el 30 de enero de 2020, cuando fuera de China había menos de cien casos confirmados y ninguna defunción. Las decisiones de confinamiento, cierres económicos o mandatos sanitarios fueron de los gobiernos locales.
La acusación de politización tampoco se sostiene; la OMS opera bajo un esquema de gobernanza a partir de sus 194 Estados miembros, entre ellos México, y responde al consenso multilateral. Confundir desacuerdo político con falta de independencia, se antoja como una estrategia con la intención de desacreditar a la institución.
El trasfondo es más profundo de lo que podría pensarse. Esta retirada puede ser entendida desde el enfoque nacionalista, donde la ciencia queda subordinada al cálculo político, que podría costar años de retroceso en materia de salud pública internacional.
Paradójicamente, mientras el gobierno de los Estados Unidos se aparta, la comunidad internacional avanza; el acuerdo de la OMS sobre Pandemias, adoptado hace un año, busca corregir las fallas de acceso desigual a vacunas y tratamientos que marcaron la reciente pandemia por COVID-19. Este instrumento pretende acelerar el intercambio de patógenos y garantizar beneficios compartidos, una deuda pendiente del sistema internacional.
Para México, esta decisión no es ajena, un país con más de 3 mil kilómetros de frontera con los Estados Unidos, alta movilidad poblacional y sistemas de salud interconectados, depende de la cooperación internacional; en este contexto, la postura del gobierno mexicano, encabezado por la mandataria Claudia Sheinbaum, es clara al defender el multilateralismo, con un trato diplomático respetuoso, firme y orientado a proteger la salud pública.
Basta con recordar las acciones enlistadas en la víspera por el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, para inmunizar a la mayor parte de la población contra la expansión del sarampión; tareas donde se suman instituciones como el IMSS, ISSSTE, Defensa, Marina, IMSS-Bienestar, universidades y entidades federativas.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017