Subir la tarifa no basta; el transporte público requiere un cambio de ruta

Columnas miércoles 03 de septiembre de 2025 -

El transporte público en la Ciudad de México está atrapado en una paradoja: cuesta poco, pero ofrece menos. El debate sobre la tarifa se ha convertido en un callejón sin salida entre transportistas que no alcanzan a cubrir los costos para mantener en buen estado las unidades y usuarios que se cuestionan si es justo pagar más por un servicio deficiente. Ambos puntos son válidos, pero enfocar el debate solo en la tarifa es como mirar por el retrovisor; lo que falta es un modelo integral de financiamiento que trace una nueva ruta.

Un incremento aislado, no resolverá la crisis estructural del transporte. Como ha señalado Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, un aumento en la tarifa es claramente insuficiente. De ahí la importancia de avanzar hacia un nuevo modelo de negocio y una tarifa técnica periódica, que se revise año con año y que establezca el costo real del pasaje con base en un cálculo transparente de gastos de operación, mantenimiento e inflación. Una tarifa de este tipo permitiría planear a largo plazo y dar certidumbre tanto a los transportistas como a la ciudadanía.

El costo de un vehículo nuevo rebasa el millón y medio o millón de pesos si se trata de un autobús o de una vagoneta -respectivamente- que sustituyan unidades obsoletas. A ello se suma que la gasolina y el diésel superan ya los 21 y 23 pesos por litro respectivamente, además de los gastos inevitables en seguros, verificaciones, llantas, aceite y reparaciones constantes. Con tarifas bajas y un ingreso limitado, el margen de operación de los transportistas se reduce. Esta realidad explica el deterioro progresivo que todos los usuarios padecen cada día en sus trayectos.

Sin embargo, incluso una tarifa técnica periódica no puede verse como la única salida. Un sistema que dependa exclusivamente del bolsillo de los usuarios está condenado al deterioro. La solución pasa por construir un modelo equilibrado que combine aportaciones públicas y esquemas alternativos de financiamiento. Se trata de reconocer que el transporte público es un servicio estratégico para la ciudad que mueve a millones de personas y, como tal, requiere de un esquema sólido y sostenible.

La autoridad tiene una oportunidad clave: abrir a transportistas la puerta a mecanismos de ingresos autogenerados que complementen la tarifa. Desde la publicidad a bordo de las unidades hasta convenios con empresas privadas o esquemas de patrocinio, existen opciones que pueden convertirse en fuentes adicionales de recursos y fortalecer al sector sin cargar todo el peso sobre los pasajeros. Pensar al transporte como un servicio que puede generar valor más allá del cobro de un pasaje permitiría aliviar presiones financieras y al mismo tiempo mejorar la calidad del servicio.

Los subsidios también deben integrarse a esta ecuación o bien el pago por kilómetro. Un transporte que realiza millones de viajes al año no puede sostenerse únicamente con el pago de pasaje. El Estado debe garantizar un servicio digno y seguro, pero ese apoyo debe estar vinculado a compromisos claros: modernización de flotas, capacitación de operadores y mejoras tangibles en la experiencia de viaje. Sin reglas que aseguren esos beneficios, cualquier inyección de recursos corre el riesgo de perderse en la inercia administrativa.

Aquí entra un punto fundamental: la corresponsabilidad del propio sector transportista. No basta con exigir una revisión anual de la tarifa; debe haber también un compromiso con la profesionalización del servicio. Solo así la ciudadanía podrá percibir que los recursos adicionales realmente se traducen en una mejora y no en más de lo mismo. La confianza se construye con resultados visibles.

La ciudadanía, por su parte, juega un papel central en esta discusión. La Ciudad de México mantiene una de las tarifas más bajas del país —ocho pesos como máximo en muchas rutas concesionadas—, lo que ha permitido que millones de personas accedan diariamente al transporte. Sin embargo, con ese monto resulta muy difícil sostener un servicio seguro, eficiente y moderno. El desafío está en que cualquier ajuste, ya sea vía tarifa, subsidio o ingresos complementarios, se refleje en beneficios tangibles para los usuarios: unidades más limpias, recorridos más regulares y viajes más seguros.

El debate, entonces, no debe agotarse en si se sube o no la tarifa, sino en cómo se construye un modelo integral de negocio y servicio. Subir la tarifa es apenas un paliativo sobre ruedas; lo que está en juego es el derecho de millones de capitalinos a un transporte público digno. El futuro del transporte depende de un esfuerzo compartido, en el que autoridades, transportistas, academia, especialistas y sociedad civil coincidan en un espacio de diálogo permanente. Solo con esa visión corresponsable será posible cambiar de ruta y transformar de fondo el sistema.