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Sublimación

Sublimación

Columnas viernes 21 de agosto de 2020 - 01:15

La filtración de la denuncia realizada por Emilio Lozoya dimensiona la importancia de que los asuntos que marcan el rumbo de la procuración y administración de justicia en el país se ventilen ante la opinión pública. El derecho no es un fenómeno ajeno a la sociedad y, como tal, también es susceptible de ser debatido, generar polémicas y toma de posiciones por parte de quienes la integramos. De hecho, el discutir lo que pasa jurídicamente en el país, fuera de los tribunales y de la academia, puede incluso tener una función sanadora para tratar de paliar los rasgos de neurosis colectiva que nos aqueja.
Es la discusión pública lo que marca el rumbo histórico que toma una comunidad y al cual el derecho intenta seguirle el paso, en el marco que, para el desarrollo histórico está determinado por principios inamovibles, como el respeto a principios constitucionales básicos entre los que está el debido proceso. De este escándalo el país tiene mucho que aprender, para que no nos vuelvan a hacer lo que siempre nos han hecho.
La filtración de la denuncia no afecta al debido proceso. El documento es una expresión de presunciones, no es un catálogo de hechos probados, cuya veracidad corresponde demostrar al Ministerio Público de la Federación. Resulta muy ilustrador que, ante la amenaza de la Fiscalía General de la República por citar a todos aquellos que hayan transcrito el contenido de la denuncia, la misma haya sido ya citada por el propio presidente de la República. Es completamente ingenuo pensar que la Fiscalía General de la República puede mantener el control de lo que se discute o no públicamente, en relación con su trabajo. Por eso, los constantes llamados y reclamos hechos desde la propia Fiscalía General de la República al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para no publicitar su trabajo, son fútiles. Recordemos que el derecho y lo que pasa en el derecho, hay que discutirlo entre todos o, como lo exigen los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial, debemos poder ver cómo se hace justicia, lo que en nada se contrapone a que las investigaciones de la autoridad ministerial se lleven a cabo con sigilo y discreción y si ayuda en mucho a generar tranquilidad y armonía en la sociedad.
En todo caso, la filtración de la denuncia tiene ya efectos muy importantes para la pedagogía jurídica nacional y de su importante papel como coadyuvante en la mejora de la salud mental del país. En contra lo que afirman diferentes voces, dice mucho del desarrollo de nuestro sistema de procuración de justicia, que el conocimiento público del asunto no genere en realidad un escándalo, sino más bien un sentimiento de confirmación. Estamos comprobando lo que todos ya sabíamos, a través de videos grotescos y de aireadas reacciones de los involucrados que ahora sí expresan acaloradamente su indignación por ser llamados a cuentas.
El caso, incluyendo la filtración de las grabaciones en las cuales un par de exfuncionarios del Senado de la República reciben maletas con millones de pesos, permite una especie de sublimación o mecanismo de defensa para empezar a sanar, a través de la educación, al inconsciente colectivo mexicano que encierra, en sus corredores más oscuros, en sus laberintos más profundos, la convicción de que desde el poder se han servido históricamente con la cuchara grande y que a la sociedad cuando mucho le quedan algunas migajas. Esta ruta de sanación siempre será mejor que la justicia por propia mano o la violencia vengativa.
El que la denuncia de Lozoya sea pública, debe incentivar a que todo lo que se vaya resolviendo judicialmente en su caso, también lo sea para, precisamente, mantener el aprendizaje social en civilidad. Esto es imprescindible, pues la avalancha de litigios, acusaciones, denuncias y contradenuncias será enorme y los sapos que veremos brincar, serán cada vez más feos.
Quiero decir que si Lozoya gana y todo lo que dice es cierto y comprobable, todos ganamos porque el combate al abuso y a la impunidad va en serio. Ahora si Lozoya pierde y nada de lo que dice es cierto, de todas formas, ganamos viendo a expresidentes, exsecretarios de Hacienda, exsenadores, exdiputados, rendir cuentas y explicar que todo lo que hicieron fue de acuerdo con la ley de cara al país.
Si el pacto de silencio sostenía el funcionamiento del Estado mexicano del abuso y del latrocinio, verlo estallar en pedazos ahora que sus principales beneficiarios comienzan a arrojarse culpas, será ilustrativo, enriquecedor y seguramente sanador para un país acostumbrado a que todo pasa, pero nadie es responsable porque nada pasa, porque nadie sabe y porque nadie supo.


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/CR

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