Tensiones de derechos humanos en casa

El viernes pasado, Luis Almagro, secretario general de la OEA, frente a numerosas críticas de más de 400 organizaciones civiles, así como de Estados Parte —México entre ellos—, reiteró que no renovará el contrato del secretario ejecutivo, Paulo Abrao, y denunció que la CIDH ha emprendido una campaña de desinformación sobre el tema. Su decisión se sustenta en un informe realizado por la Oficina del Ombudsperson de la OEA, en la que obran más de 60 quejas de acoso laboral y “manipulación de concursos y contrataciones”. Cabe destacar que, según información pública, dichas quejas aún no han sido esclarecidas y tampoco sabemos de los medios de defensa que el “acusado” empleó ante dichos señalamientos. Pareciera entonces que Almagro tomó una medida sin respetar las mínimas garantías del debido proceso en el ámbito administrativo —estándares internacionales afianzados por la jurisprudencia del mismo sistema.

Hechos como el anterior ponen en una posición incómoda no sólo a los organismos regionales, sino a organismos de monitoreo de derechos humanos del Sistema Universal que también han trabajado en la consolidación de una cultura de derechos humanos. La alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas instó a que se ponga fin al impasse entre la OEA y la CIDH, al existir riesgo de minarse la independencia y eficacia del sistema. Empero, poco se ha explorado sobre cómo resolver la tensión entre salvaguardar las garantías del debido proceso y mantener la imparcialidad y autonomía de la CIDH.

Entonces, ¿qué acciones institucionales se emprendieron para prevenir dichas conductas de acoso laboral en la CIDH? ¿Cómo se está respetando la garantía de audiencia del Secretario Ejecutivo? ¿A qué resultados llegó la investigación respecto de la manipulación de contrataciones? ¿Con qué candados contamos para que el brazo político no aplaste al técnico? Al menos por ahora, no nos queda más que concluir que la CIDH como cualquier otra institución de los Estados Parte de la OEA —en los que también se enfrentan tensiones propias de la materia de derechos humanos— se encuentra en un dilema que puede terminar corroyendo desde su interior su autonomía y legitimidad.