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Violencia política

Violencia política

Columnas lunes 15 de junio de 2020 - 02:07

El 13 de abril se daba un paso histórico a favor de las mujeres en el país con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas en materia de violencia política por razón de género, las cuales tendrían que ser armonizadas por los congresos locales.
El pasado 30 de mayo, las comisiones de Igualdad y Género, así como la de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México convocaron a una sesión presencial para el análisis, deliberación y aprobación del dictamen de reformas en materia de violencia política de género, atendiendo a la necesidad de armonizar la normatividad capitalina con la federal.
La sesión contó con un número insuficiente para alcanzar el quórum necesario para atender el asunto en cuestión. Con ello, continúa vigente el compromiso para que la Ciudad de México genere iniciativas y leyes que promuevan la inclusión de las mujeres en la vida democrática, así como reglas claras para condenar conductas como la violencia política por razón de género.
Todo ello, a raíz de que la fecha límite para aprobar la normativa y que ésta tuviera impacto en el Proceso Electoral 2020-2021 era el 31 de mayo, última sesión del periodo ordinario en el congreso local.
Dentro de las consecuencias jurídicas más relevantes está la ausencia misma de legislación y la probable imposibilidad de legislar en un periodo inmediato. El artículo 105 de la Constitución Política Federal dispone un plazo de 90 días previos a un proceso electoral para realizar cambios a la normativa electoral. Este precepto, cuya fuerza se mostró con gran claridad en la Acción de Inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, impide la modificación de normativa electoral fuera de los plazos establecidos para dar certeza a las reglas en la materia.
Ello implica que una legislación en materia de violencia de género que comprenda disposiciones electorales y salga de las fechas referidas, podría ser cuestionada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La violencia política contra las mujeres, así como cualquier tipo de violencia, no debe ser normalizada u olvidada dentro de los marcos regulatorios en el país, pues hacerlo dejaría en estado de indefensión a miles de mujeres que, por el simple hecho de serlo, ven truncadas sus posibilidades de acceder a cargos de elección popular.
Es fundamental que las autoridades consideren la urgencia de legislar y generar medidas que detengan la creciente violencia en contra de las mujeres. Quizá, hasta hoy, no se haya avanzado a través de la aprobación legislativa, pero no debemos dejar de trabajar en la exigencia y defensa de los derechos para las mujeres en nuestra ciudad.

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/CR

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