¿Revictimización en Guanajuato?

La desaparición y asesinato de Mateo Santiago Ramírez Hernández evidencian la crisis de seguridad en Guanajuato y la falta de protocolos adecuados para la búsqueda de menores. La negligencia institucional, la filtración de información y la revictimización mediática han convertido este caso en una muestra del desorden en la procuración de justicia.

El hallazgo sin vida del menor Mateo Santiago Ramírez Hernández expuso las deficiencias de las autoridades en la protección de la niñez en Guanajuato. La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad de León incumplieron protocolos, filtraron información y vulneraron los derechos de la familia de la víctima.

Desde la emisión tardía y errónea de la Alerta Ámber, hasta la filtración prematura del hallazgo, la actuación de las autoridades dejó en evidencia una estructura incapaz de garantizar la seguridad de la infancia. En lugar de salvaguardar la dignidad de la víctima y su familia, priorizaron la inmediatez mediática sobre la responsabilidad institucional.

El desorden comenzó con la difusión de información errónea en la ficha de búsqueda. La Fiscalía publicó una estatura equivocada y una descripción de ropa que no correspondía con la vestimenta de Mateo al momento de su desaparición. La familia tuvo que salir públicamente a corregir datos que eran fundamentales para la localización.

La descoordinación entre las autoridades permitió que los medios de comunicación fueran los primeros en enterarse del hallazgo del cuerpo. La familia de Mateo seguía en brigadas de búsqueda cuando se difundió la noticia. No hubo un proceso de comunicación digno ni respetuoso con sus derechos.

Además, las filtraciones no solo adelantaron información clave del caso, sino que también revelaron detalles sensibles sobre el presunto responsable. Esta acción compromete el debido proceso, permitiendo que la defensa argumente violaciones a derechos fundamentales del acusado.

El manejo de la desaparición y hallazgo de Mateo es reflejo de un modelo de procuración de justicia que favorece la versión oficial sin cuestionar su efectividad. En Guanajuato, el gobierno se ha especializado en presentar desapariciones como casos resueltos, sin explicar las condiciones en que las personas fueron localizadas.

En este caso, al igual que en otros, la prioridad fue dar una respuesta rápida para calmar la presión social y mediática, sin considerar las implicaciones legales y emocionales para la familia.

Las declaraciones de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, y de la gobernadora, Libia Dennise García, confirman que el caso se manejó como un espectáculo político. Antes de que se validara científicamente la identidad de Mateo, ambas funcionarias ya habían dado declaraciones que comprometían el proceso jurídico.

El caso de Mateo Santiago evidencia una crisis en los protocolos de actuación para la desaparición de menores en Guanajuato. Las víctimas no solo deben enfrentarse al crimen, sino también a la negligencia institucional que revictimiza a sus familias.

El nuevo fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste, tiene la oportunidad de corregir el rumbo. Sin embargo, hasta ahora no ha dado señales de que su administración vaya a modificar los esquemas fallidos de la anterior gestión.

La omisión sistemática de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de León se ha convertido en una carga para las familias de las víctimas. No basta con la localización de los desaparecidos, es necesario garantizar que el proceso sea digno, sin revictimización ni uso político del dolor ajeno.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017