Gobierno de la 4T con mente azul

Columnas viernes 11 de julio de 2025 -

La Cuarta Transformación llegó con la promesa de cambiar las viejas prácticas, dejar atrás la simulación y construir gobiernos congruentes con sus principios. Sin embargo, hay casos que invitan a cuestionar si esa promesa sigue vigente en todos los rincones del país.

En Baja California, por ejemplo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda —morenista de origen— enfrenta una paradoja política difícil de ignorar: su círculo de asesores más influyentes incluye perfiles ligados al PAN, lo que ha generado tensiones internas y obstáculos en la toma de decisiones. A pesar de que la mandataria se ha mostrado abierta al diálogo y receptiva a propuestas externas, muchas de las iniciativas acordadas terminan por desmoronarse tras pasar por el filtro de sus asesores.

Nos comentan que hay temas urgentes —como la movilidad, la seguridad o la integración de migrantes que ya forman parte de la vida cotidiana en el estado— donde se ha ofrecido ayuda técnica desde fuera del gobierno, pero sin éxito. Los acuerdos se congelan o se revierten tras conversaciones con quienes, se supone, deberían fortalecer su gestión, no debilitarla.

Resulta desconcertante que en un gobierno que se asume de izquierda, que presume un compromiso con la transformación del país, se permita que figuras del viejo régimen marquen la pauta desde la sombra. ¿De qué sirve ganar elecciones con una plataforma progresista si las decisiones siguen guiadas por visiones ajenas al proyecto?

La congruencia no es solo una expectativa ciudadana; es una exigencia elemental. Y en este caso, la mezcla de discursos y estrategias que se neutralizan entre sí ha impedido avances reales en temas sensibles. La gobernadora aún está a tiempo de tomar el control de su proyecto y rodearse de quienes realmente compartan su visión.

Y sepa la bola… pero las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, respecto a una avioneta interceptada en Colima, dejaron al descubierto imprecisiones en la información del funcionario, lo que derivó en una tensión diplomática con El Salvador.

García Harfuch vinculó inicialmente la aeronave con territorio salvadoreño, una afirmación que el gobierno de Nayib Bukele desmintió de forma tajante.

La respuesta del gobierno salvadoreño presentó un panorama contrastante: señalaron que, de acuerdo con información proporcionada por Costa Rica y el Comando Sur de Estados Unidos (JIATFS Key West), la trayectoria de la avioneta muestra que sobrevoló el Océano Pacífico sin ingresar al espacio aéreo salvadoreño.

Otro elemento que debilitó la versión mexicana fue la confirmación de que los tres detenidos son de nacionalidad mexicana, lo que refuerza la posición de El Salvador.

La falta de información clara sobre la procedencia real de la aeronave —más allá de la detección de su traza a 200 kilómetros al sur de San Salvador— genera dudas sobre los fundamentos de la acusación inicial del gobierno mexicano y sobre la inteligencia utilizada.

En su réplica, García Harfuch reconoció la nacionalidad mexicana de los detenidos, pero insistió en la detección de una traza cercana a El Salvador, sin aportar evidencia concluyente sobre su punto de origen.

Esta falta de precisión, tratándose de una acusación de alto nivel, provocó una crisis diplomática innecesaria. El llamado a consultas de la embajadora salvadoreña en México refleja la seriedad con la que ese país ha asumido el asunto.

El incidente subraya la necesidad de verificar rigurosamente la información antes de emitir declaraciones públicas, sobre todo en temas de seguridad nacional con posibles repercusiones internacionales. La ambigüedad en la información ofrecida por García Harfuch, aun si se tratara de un malentendido, ha generado un daño a la relación bilateral y una crisis de credibilidad.

Los mexicanos merecen una explicación clara, completa y precisa por parte del gobierno para esclarecer esta situación. La transparencia y la exactitud en la información son esenciales para sostener la confianza y la cooperación entre países en la lucha contra el crimen organizado.