Instrumento para la paz

Columnas miércoles 04 de febrero de 2026 -

La eventual postulación de Michelle Bachelet para encabezar la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llega en un contexto de reacomodo geopolítico, tensiones globales y un debilitamiento progresivo del multilateralismo como herramienta de contención de abusos de poder.

El evento más significativo --hasta el momento-- es la actuación del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro y trasladarlo a su territorio, donde enfrenta cargos penales por narcotráfico. Esa acción, criticada por la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, contribuye a un debate sobre los límites del uso de la fuerza en la política exterior y la fragilidad de la cooperación multilateral.

En esa arena, la figura de Bachelet Jeria adquiere un peso trascendente. Es hija de un general de la fuerza aérea de Chile, que participaba en el movimiento que lideró Salvador Allende. Durante el golpe de Estado en 1973, antes de autoexiliarse, ella y su madre fueron detenidas y torturadas, mientras su padre moría en una prisión clandestina militar.

Logró concluir los estudios de medicina y regresó a Chile; participó en movimientos sociales hasta que el entonces presidente Ricardo Lagos la nombró titular del Ministerio de Salud en el año 2000; para 2002 se convirtió en la primera mujer al frente del Ministerio de Defensa, sin ser militar.

Para inicios de 2014, se convertía en jefe de Estado de su natal Chile. Su trayectoria como médico de formación, combinado con la experiencia política, solvencia técnica y autoridad moral, la hacen una persona con las cartas necesarias para mediar el reacomodo social que se experimenta en esta parte del mundo.

Como titular de la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, marcó un impacto directo en México, cuando en 2016 el país enfrentaba sendas acusaciones por violaciones sistemáticas dentro de las estrategias de seguridad pública de las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa; y más tarde, con la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, con Enrique Peña Nieto; años antes, como gobernador mexiquense, con la irrupción policial violenta en San Salvador Atenco.

Informes públicos de la oficina que encabezó Michelle Bachelet documentaron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y abusos contra poblaciones indígenas, mujeres y personas adultas mayores. Esa interlocución obligó al Estado mexicano a reconocer responsabilidades, emitir disculpas públicas y adoptar compromisos de no repetición, varios de ellos aún en proceso de cumplimiento.

La historia y experiencia de Bachelet, permiten tender puentes entre fuerzas armadas, policiales y la sociedad civil, un aprendizaje poco común en la conducción de asuntos globales. Por este motivo, se entiende que la postulación que emitió en la víspera el presidente Gabriel Boric, sea secundada por la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum Pardo.

Hoy, una conducción con este perfil podría funcionar como contrapeso frente a la escalada de decisiones que afectan derechos fundamentales, más allá de fronteras nacionales.

En este entorno internacional más agresivo, la postura del gobierno mexicano, encabezado por Sheinbaum Pardo, sobresale con un diálogo respetuoso, la defensa del derecho internacional y la relación institucional sin estridencias; pero cabe preguntar si, ¿la comunidad internacional aún apuesta por la mediación, la legalidad y la protección de la dignidad humana como pilares del orden mundial’, después de todo, la paz es la esencia de la ONU.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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