Renuncia y castigo a los involucrados en el criminal incendio en el INM

Columnas miércoles 05 de abril de 2023 -

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

A tan solo un año de que inicie la campaña electoral de 2024, para Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, la sucesión presidencial parece estar por encima de todo, incluso sobre la muerte de 39 migrantes y las graves heridas a decenas más, en el albergue del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pareciera que se han desentendido de las consecuencias que ocasionará mantener una política migratoria inhumana, calificada así por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Tampoco la incapacidad y los actos de corrupción de los funcionarios públicos parecen importar al presidente y sus seguidores. Al minimizar lo ocurrido en la estación migratoria, buscan evitar que el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sean señalados, y así profundizar la división y confrontación entre sus facciones.

En México, los migrantes son vistos con desdén, detenidos arbitrariamente como si fueran criminales, vejados y maltratados; sus derechos humanos no se respetan y se les considera como el lumpen de la inmigración.

Un día después de la tragedia que marcará al actual gobierno, el mismo López Obrador –al que le faltó sensibilidad política para tratar el tema–, no mencionó la decisión de encerrar a los inmigrantes bajo llave en una celda, y sin compasión, los culpó de haber ocasionado el incendio, como si la vida de las personas que intentaron cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos no tuviera valor.

Es imperdonable que las autoridades migratorias sigan violando el artículo 21 de la Constitución al mantener a los migrantes en estaciones migratorias por más de 36 horas. La Carta Magna señala que, al cumplirse ese plazo, las personas sujetas a un proceso migratorio deberán continuarlo en libertad.

El senador Emilio Álvarez Icaza afirmó que a los migrantes se les trata como delincuentes; son perseguidos en todo el país, sacados de hoteles y camiones, expulsados de centros y plazas, sin tener dónde dormir ni qué comer.

México enfrenta sin duda una grave crisis migratoria, la cual se agudizó cuando Ebrard aceptó hacer el trabajo sucio para el gobierno estadounidense, cuando el gobierno de Donald Trump impuso condiciones extremas para controlar y detener el flujo de migrantes centro y sudamericanos hacia Estados Unidos.

Esta vez, la indignación generalizada en México y el extranjero por los migrantes muertos, presionó al gobierno lopezobradorista y a los congresistas, y el Senado de la República decidió citar a comparecer a los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Gobernación, Adán Augusto López. Sin embargo, a exigencia de Morena, solo avalaron que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), sea el único funcionario que comparezca por estos hechos.

Para el senador Ricardo Monreal, lo importante en este caso es llegar a la verdad, "no permitir que haya impunidad y que esta tragedia se convierta en una anécdota criminal aislada". Afirmó que buscan justicia y no serán encubridores de nadie ni ocultarán responsabilidades, violaciones a derechos humanos o excepciones a la aplicación de la ley.

Lo cierto es que lo ocurrido en Ciudad Juárez es un crimen de Estado y, hasta el momento, han sido detenidos funcionarios menores que sólo acataron órdenes. Incluso, se habla de llamar a cuentas a las empresas de seguridad contratadas por outsoursing, mediante adjudicaciones directas, como fue el caso de Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. (SEICSA) –la compañía responsable de brindar "seguridad" al albergue del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a otras varias sedes de la institución–, que pertenece al cónsul de Nicaragua en México, Elías Gerardo Valdés Cabrera.

De acuerdo con su política del avestruz y la manipulación de evidencias –como intentaron al tratar de ocultar el video de la reciente tragedia en Ciudad Juárez–, el modus operandi gubernamental parece ser el mismo que en los dos graves accidentes registrados en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, de la Ciudad de México: los verdaderos responsables no serán procesados.

Ante esta posibilidad, organizaciones defensoras de derechos humanos exigen al gobierno federal, al INM, al Congreso de la Unión y al Ayuntamiento de Ciudad Juárez la destitución del actual comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, y que se les permita monitorear la investigación. Además, demandan la renuncia inmediata de las autoridades municipales que resulten responsables por extralimitar sus facultades, en operativos donde han sido detenidas familias y población adulta de inmigrantes.

No les faltan razones: cada minuto que pasa, se hace tarde para que el gobierno de López Obrador anuncie la renuncia de los funcionarios involucrados y la apertura de una investigación que deslinde responsabilidades y, en su caso, castigue a los verdaderos responsables de la tragedia de Ciudad Juárez.

Esto, sin soslayar su obligación de reorientar su política migratoria para respetar y defender los derechos humanos de aquellos inmigrantes que, debido a la pobreza y la inseguridad, han emigrado –como lo siguen haciendo millones de mexicanos–, en busca de nuevas oportunidades económicas en Estados Unidos, la cuna del neoliberalismo y el capitalismo.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM