¿Cuál ética?

@onelortiz

Veo las notas relacionadas con el Nuevo Código de Ética del Conacyt, en donde se afirma que es una auténtica ley mordaza para sus investigadores, servidores públicos y trabajadores. Entre otras cosas se dice que esta prohibido emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del Conacyt, y en caso de incumplir, podrían ser denunciados ante el Órgano Interno de Control y en su caso, hacerse acreedores a sanciones.

Las notas dicen que también se les prohíbe dar entrevistas. Deben dirigir “las solicitudes de información susceptible de ser publicada en medios de comunicación al área de comunicación social, ya que es el área competente para hablar en nombre del Conacyt”. Así como “abstenerse de publicar y de denunciar a la ciudadanía información por escrito o en formato electrónico, así como de pronunciar discursos, conceder entrevistas o hacer apariciones públicas en nombre o como representante del Conacyt sin la autorización del área de comunicación social”.

Busco el documento en su página oficial, no está, al menos no figura en sus secciones principales. La pido a algún amigo investigador, promete enviármela, para comprobar lo que dicen las notas y conocer el documento completo que ha despertado una nueva polémica en esa institución.

Lo que sí está en la página del Conacyt es su normatividad. Reviso la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Conacyt, el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, el Estatuto y el Manual de Organización, no existe nada que de sustento a lo que las notas señalan. Queda perfectamente claro que cualquier código de ética no puede estar por encima de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Orgánica del Conacyt y de la Ley de los Servidores Públicos. Mucho menos, restringir libertades y derechos Constitucionales, como la libertad de expresión.

Si María Elena Álvarez-Buylla tiene la intención de establecer un código de ética con esas condiciones y pedir que los investigadores y trabajadores del Conacyt lo firmen se confirmaría un enorme aberración jurídica y política. El caso de los 31 investigadores y ex servidores públicos del Conacyt que la FGR pretende encarcelar ha representado un enorme costo político para el Gobierno, un código como el mencionado abonaría más al conflicto.

El proyecto de la Cuarta Transformación lucha contra la corrupción y los privilegios; vela por la correcta ejecución de los recursos públicos e impulsa una nueva ética pública, pero en ningún momento atenta contra la libertad de expresión, los derechos fundamentales o laborales de alguna persona. Hay quienes piensan que atizando la hoguera de la confrontación apoyan al Presidente, se equivocan garrafalmente, lo único que hacen es alejar al movimiento de sectores importantes de la población y hacer evidentes sus fobias y traumas.

La política es de bronce.