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La cultura de compliance, entendida como el cumplimiento de las normativas aplicables y las regulaciones tanto internas como externas, ha cobrado una relevancia creciente en el ámbito empresarial. Sin embargo, su implementación en el sector público plantea aún desafíos particulares. En este contexto, surge la pregunta de cómo puede lograrse una efectiva implementación de la cultura de compliance en el sector público, y por qué resulta fundamental promover la ética y la integridad en el servicio público.
La implementación de la cultura de compliance en el sector público requiere de un enfoque integral que considere la adaptación de normativas y procesos propios del ámbito empresarial al contexto gubernamental. Es fundamental establecer mecanismos de supervisión y control que aseguren el cumplimiento de las regulaciones, así como la promoción de una cultura organizacional orientada hacia la ética y la integridad. Esto implica la creación de códigos de conducta específicos, la capacitación del personal, y la designación de responsables de cumplimiento.
La ética y la integridad son pilares fundamentales en una adecuada prestación del servicio público, debido a su impacto directo en la legitimidad y la confianza en las instituciones gubernamentales. La ciudadanía deposita su confianza en que los servidores públicos actúen de manera ética y transparente, tomando decisiones que beneficien el interés general por encima de intereses particulares. La integridad, por su parte, implica que los funcionarios públicos actúen con rectitud y honestidad, evitando conductas fraudulentas o corruptas.
La implementación de la cultura de compliance en el sector público es un desafío que requiere de estrategias específicas adaptadas a las particularidades de la administración gubernamental. Promover la ética y la integridad en el servicio público resulta fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales, así como para garantizar un ejercicio responsable y transparente del poder. En este sentido, la promoción de una cultura organizacional basada en el cumplimiento de normativas y en los más altos estándares de los valores éticos, se presenta como pieza clave para el buen gobierno y la legitimidad democrática.
No se trata solo de querer hacer. Se trata también, de saber hacer. Utilizar al máximo los recursos y capacidades instaladas del estado. Hacer más con menos, pero sobre todo, con un enfoque orientado a resultados.
Compilance es sinónimo de buenas prácticas, buena organización y buen gobierno en el sector público. Es reconducir los esfuerzos de las instituciones públicas hacia una cultura de la legalidad para alcanzar los fines del estado mismo.
Flor de Loto: ¿Qué debería hacer un servidor público, cuando en su desempeño se percata de que carece de los medios o herramientas institucionales para cumplir con los fines que le impone el alto honor de desempeñar una función en nombre del estado?