En las últimas entregas nos hemos dado a la tarea de conocer la forma de cómo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ve a México desde el respeto a las garantías individuales.
El documento diplomático, cuya copia tiene este reportero, ha sido descrito en este espacio con su riqueza en datos e interpretaciones, que emanan desde la oficina del embajador de aquel país en nuestro país, Ken Salazar.
Incluso, ha servido como base para la manifestación que la titular de la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emitió al gobierno federal.
El tono es de “redoblar los esfuerzos a fin de garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición, que ya superan las 100 mil, según datos oficiales”, dijo la expresidente de Chile.
“Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, dijo.
Hoy, nos detenemos en el tema de la libertad de expresar las ideas, que dentro del informe diplomático resalta que diversos grupos delictivos “ejercieron una gran influencia sobre los medios de comunicación y reporteros”, ya que amenazaron a las personas que publicaron opiniones críticas sobre los grupos delictivos.
En el documento, se afirma que se “persistió el uso de la violencia física por parte de los grupos delictivos organizados en represalia por la información publicada en línea, lo que expuso a los periodistas”.
El 8 de agosto, miembros autoproclamados del Cártel Jalisco Nueva Generación difundieron un video que muestra a un grupo de hombres armados amenazando de muerte a la colega Azucena Uresti por informar sobre las autodefensas que luchan contra el cártel en Michoacán. Vaya, así el contexto del oficio periodístico.
Punto Cero
El operador político de Coparmex en la capital del país, Leovigildo Chávez López, logró algo que se veía muy difícil, unió a los principales líderes del sindicato patronal, encabezados por su presidente Armando Zúñiga Salinas, con varios legisladores locales de Morena, con su líder Martha Ávila Ventura, y su presidente Tomás Pliego Calvo, así como el secretario de gobierno capitalino Martí Batres.
Los empresarios y políticos acordaron trabajar en conjunto en beneficio de la ciudad de México a través de políticas que se puedan implementar en beneficio de la reactivación económica, la inversión, la economía circular y el empleo, tras dejar atrás el confinamiento por la pandemia de Covid 19.
Durante sus discursos, Armando Zúñiga, Martí Batres, Martha Ávila y Pliego reconocieron la labor -que el enlace legislativo de Coparmex, Chávez López, ha realizado para unir el interés del empresariado con la agenda legislativa del partido mayoritario en la legislatura del Congreso capitalino.