Si algo caracteriza a la actividad primaria son sus variables asociadas a los riesgos meteorológicos, hoy muy vigentes y potenciados por el cambio climático que provoca sequías severas, lluvias torrenciales e inundaciones.
En los últimos 20 años, México ha figurado entre los 10 países más afectados en el mundo por desastres naturales. Tan sólo en 2017 enfrentó cuatro sismos, dos tormentas tropicales y tres huracanes. El año pasado se esperaban 19 ciclones y ocurrieron 30, el más destructor fue el huracán Eta.
Ante estos riesgos, los productores enfrentan incertidumbre en el resultado de sus cosechas, de ahí la relevancia de que cuenten con coberturas, ya sea mediante un seguro agropecuario o bien a través de políticas públicas locales o federales.
Recientemente, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y Agroasemex firmaron un convenio para promover el crédito de la primera, respaldado con un seguro diseñado por esta institución.
El mercado privado de seguros también ofrece coberturas agropecuarias, donde los principales clientes son los grandes productores, tanto por el conocimiento que tienen de la industria como por su capacidad de pago.
Sin embargo, muy importante a sido todo esfuerzo llevado a cabo desde el ámbito estatal, donde se administra la actividad agrícola local mediante las secretarías del ramo, como la de Puebla, dirigida por la Maestra Ana Laura Altamirano Pérez, que es un caso nacional digno de destacar, al ofrecer una estrategia de atención a productores que enfrenten siniestros por el clima y daños en sus cultivos.
Ante estos imponderables, las y los productores tienen la opción de acudir a la delegación más cercana de la Secretaría de Desarrollo Rural poblana para notificar la afectación.
La dependencia, en coordinación con Protección Civil, constatará el grado de afectación del siniestro y levantará el acta de daños correspondiente, para, posteriormente, otorgar la indemnización en efectivo.
Además, la actual administración estatal cuenta con la política pública de Recuperación del Campo Poblano, donde se atienden todos los eslabones de la cadena, desde la producción hasta la comercialización.
Ojalá más estados se sumen a estas estrategias, ante los cada vez más intensos y frecuentes fenómenos climatológicos, lo que complementará los esfuerzos que se hacen desde la Federación, como es el caso de Agroasemex, y la coordinación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Así, es posible cerrar un círculo positivo, donde se garantiza la puesta en marcha de la producción del campo a través de los programas federales y se suma la capacidad de los gobiernos locales para responder ante desastres naturales.
Con este acompañamiento para prevenir y atender los riesgos, así como mitigar los daños, los productores pueden salir adelante de manera oportuna y continuar su trabajo sin largas pausas, lo que contribuye también al desarrollo de las economías estatales y nacional y se abona a la autosuficiencia alimentaria del país.