Moisés Vergara
En el artículo 8 de la Constitución capitalina, se prevé expresamente el Derecho a la educación, estatuyendo que en esta Entidad Federativa todas las personas tenemos derecho a ella en todos los niveles con independencia de cualquier condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad.
La ley suprema local también establece que se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria, la cual se asume como un deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena de las personas, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, el personal docente, las familias y los sectores de la sociedad.
La Constitución es tajante al establecer que está prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia y la entrega de documentos, al pago de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.
En términos constitucionales la educación pública es gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad, estando orientada a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades; asimismo, es democrática y contribuye a la mejor convivencia humana y, un aspecto digno de resaltar es que la población indígena tiene derecho a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con perspectiva intercultural, lo cual en el papel suena muy bien.
Pero la realidad es otra, pues de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública federal, en el país existen 36,635,816 alumnos, de los cuales 31,314,335 están el sistema público y 5,321,481 en el privado, quienes estudian en 265,277 planteles y son atendidos por 2,100,277 docentes. Mientras que en la Ciudad de México estudian 2,700,894 alumnos (2,071,316 del sistema público y 629,578 del privado), los cuales estudian en 9,893 escuelas, y son educados por 199,836 docentes.
Como puede verse, las cifras no son menores y todos los días se requiere de la atención permanente y constante de las autoridades educativas para darle fluidez a los servicios académicos; sin embargo, en tiempos de pandemia, estamos atravesando por una gran crisis en el sector que nos llevará a retroceder varios años en el nivel de los educandos, principalmente en los de primaria, pues aun cuando el gobierno ha realizado un esfuerzo enorme para darle continuidad a las clases, el hecho de que en el sistema público se impartan por televisión y en el privado por internet, mediante el uso de plataformas digitales y con tutores en línea, seguirá incrementando la brecha educativa entre ricos y pobres, lo cual es muy lamentable y ajeno a cualquier principio de justicia social que esperemos pueda ser remediado a corto plazo.
Plancha de quite: “A menudo damos a los niños respuestas que recordar en lugar de problemas a resolver”. Roger Lewin.